Suena duro, ¿verdad? Exagerado. Pero no es una aseveración subjetiva o prejuiciosa. Es una realidad objetiva, con base en hechos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue enjuiciado penalmente este año por un tribunal neoyorquino, por haber cometido fraude en su propia empresa, para disfrazar pagos que hizo a una actriz porno con quien habría tenido un affair (sexo, pues) antes de 2016, buscando evitar que el tema saliera a la luz pública durante las elecciones presidenciales de ese año, lo cual a su vez constituye un delito electoral.
La sentencia de este juicio fue pospuesta para después de las recientes elecciones, porque el juez quiso tomar en cuenta que se trataba de un juicio a un expresidente, que además estaba compitiendo otra vez con buen chance de ganar. Es poco probable ahora que aquel candidato convertido en presidente electo vaya a la cárcel cuando el juez decida en una o dos semanas.
Nada más con este juicio penal, Trump es visto por las leyes estadounidenses como un criminal convicto, a lo cual se añade que tiene tres acusaciones penales más, una en Atlanta, Georgia, y otra en Washington, D.C., relacionadas estas dos con su actuación en los sucesos del Capitolio del 6 de enero de 2021, y por participar y promover el desconocimiento del triunfo de su sucesor en los comicios de 2020, en componenda con otros funcionarios, para que varios estados se pronunciaran a su favor, contrariando la voluntad popular de esos estados. Maduro y Amoroso versión gringa, pero no le funcionó.
El tercer juicio penal tiene que ver con cientos de documentos presidenciales que Trump se llevó a su residencia después que dejó la Casa Blanca, que estaba legalmente obligado a regresar al Archivo Nacional de los Estados Unidos. Varios de esos documentos estaban marcados como de máximo secreto y otros de muy restricta revisión, incluso para gente generalmente autorizada para ver papeles confidenciales. Trump los tenía expuestos en lugares poco seguros en el club donde vive y hasta los mostró a algunas amistades para hacer alarde de la información que tenía a la mano. Algunos de estos papeles contenían información sobre la ubicación de armamento nuclear en el mundo, o de comunicaciones entre países que podían revelar la identidad de espías nacionales o foráneos, entre otras cosas.
Este juicio está detenido, porque la juez a su cargo alega que el fiscal especial acusador del Departamento de Justicia no tiene autoridad para avanzarlo, por carecer de la aprobación del Congreso, como ocurre con los ministros o jueces federales. La jueza, una joven de origen colombiano, con escasa experiencia jurídica, que Trump nombró después que perdió las elecciones en 2020, contraría una práctica que se ha venido haciendo por lo menos desde los años noventa del siglo pasado, de nombramiento de fiscales especiales designados por el secretario de Justicia (ministro), con toda autoridad e independencia para abrir investigaciones y proponer juicios, si es el caso. El fiscal apeló la decisión, pero este juicio y el que tiene en Washington por el caso del 6 de septiembre, por ser federales, se paralizarán cuando Trump se juramente como presidente el 20 de enero de 2025, porque el Departamento de Justicia tiene una política de no enjuiciar presidentes, particularmente en casos penales, mientras estos ejerzan su cargo. Además, el próximo secretario de Justicia de Trump va a buscar desistir de los cargos, y se acabó lo que se daba.
Esta política va a tener influencia probablemente en el de Atlanta, que no es un juicio federal, paralizado por otras razones. La fiscal acusadora en Georgia tuvo un affair con el principal abogado que contrató para la causa, lo que produjo acusaciones legales de falta de transparencia por parte de Trump y sus coacusados, que el juez desechó como insuficientes para invalidar el juicio, pero han generado apelaciones y consideraciones políticas de la legislatura de Georgia, en manos republicanas.
La gran pregunta con todo lo anterior es cómo un candidato considerado criminal para las leyes estadounidenses, y acusado de otros crímenes graves relacionados con el propio funcionamiento de la democracia norteamericana, fue electo presidente, con mayoría de voto de los colegios electorales y mayoría nacional del voto popular.
Agréguese que Trump perdió también dos juicios civiles durante la campaña electoral, uno por declaraciones falsas del valor de sus propiedades, para obtener beneficios en el pago de sus impuestos, y otro por haber abusado sexualmente de una escritora y periodista en una tienda por departamentos, ambas causas dirimidas en Nueva York. Por el primero lo sentenciaron a pagar alrededor de 400 millones de dólares. Por el segundo, deberá pagar alrededor de 84 millones de dólares. Sus abogados apelaron.
El análisis post mortem de los resultados electorales ha explotado en varias direcciones. Que si Biden no renunció oportunamente, por lo cual Kamala Harris no tuvo tiempo de darse a conocer ella ni sus propuestas. Que si Kamala cayó en la segunda etapa de su campaña en atacar a Trump como persona, en vez de explicar su política económica. Que si el pueblo estadounidense es machista y se comprobó al Trump haber derrotado dos veces a mujeres candidatas presidenciales. Todo esto en conjunto puede ser verdad. Pero hay una verdad que va mucho más allá, y es de carácter estructural, no puntual de una determinada campaña: la clase trabajadora estadounidense se siente desatendida desde hace décadas. Siente que su “sueño americano” se ha venido desvaneciendo. Y ahora decidió de manera rotunda entregarse a un populista redentor que supuestamente la retrotraerá a aquel paraíso perdido que alguna vez tuvo, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez.
Las empresas estadounidenses que emergieron y crecieron con poca competencia en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial ofrecían a sus trabajadores un nivel social en el que el obrero cobraba un sueldo suficiente para comprar una vivienda y vivir decentemente. Con el tiempo, los salarios pasaron a ser precarios y hay millones de norteamericanos que actualmente recurren a varios empleos para poder vivir “cheque a cheque”. Aquellas empresas ofrecían pensiones de vejez, que invitaban a que varias generaciones se emplearan en una misma compañía. Eso se acabó. Los sindicatos están exigiendo ahora la reactivación de las pensiones y otros beneficios perdidos en épocas de recesión y crisis financieras ocurridas a lo largo de los años. No hay suficiente acceso a la salud, privada toda y muy costosa, aun con seguro médico, que también es costoso. No todas las empresas privadas cubren seguro médico para sus trabajadores. La educación pública universitaria no es gratuita, como tampoco lo es el cuidado de infantes o de niños en edad preescolar. Ambas son extremadamente onerosas y representan un obstáculo para el pleno empleo familiar y el ascenso social. Las escuelas públicas de primaria y secundaria no son pagas, pero la calidad de la enseñanza depende de dónde estén ubicadas, en qué condado o municipio y hasta en qué barrio o urbanización. Y ni hablar de cómo han subido los precios de las viviendas y los alquileres para toda la clase media.
Por estas razones, la clase trabajadora norteamericana, que es mayoría dentro de la mayoría del país, que es de raza blanca, decidió volver a votar por Trump. Antes había cifrado sus esperanzas en Obama, luego en Trump, después en Biden y ahora decididamente en Trump, quien apeló abiertamente a la sensibilidad racial de esta mayoría, explotando el problema migratorio (“Están envenenando la sangre del pueblo americano”), combinado con la seguridad personal (“nos están invadiendo los delincuentes”) y valores tradicionales que han estado en juego (“Kamala está con ‘ellos’ y yo estoy contigo”, refiriéndose a las personas transgénero y de preferencia sexual no binaria). A esta población blanca sin título universitario se le sumó una porción importante de latinos y otros votantes de raza negra, que también esperan por su redención. La democracia y la corrupción pasaron a un segundo o tercer plano.
La mayoría de los venezolano-americanos también votó por Trump, aunque por razones más políticas que económicas. Como se sabe, la mayoría de los inmigrantes venezolanos vive en el estado de Florida, en un ambiente altamente influenciado por los inmigrantes cubanos y ahora algunos nicaragüenses, con un aborrecimiento a todo lo que huela a izquierda que raya con la irracionalidad. Trump se encargó de hacerles creer que Kamala era marxista e izquierdosa (como se asume hoy hasta en buena parte de la propia opinión pública latinoamericana). A esto se agregó la liberación por parte de Biden de los narcosobrinos y de Alex Saab, a cambio de nada consistente en favor del cambio en Venezuela. Al momento de escribir este artículo se barajaba con mucha fuerza el nombre del senador Marco Rubio como secretario de Estado, un político cubano-americano con una visión de “halcón” hacia Venezuela. Amanecerá y veremos.
@LaresFermin
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