Mucho antes de Cristo, los Estados-rivales usaban sanciones económicas para estrangularse entre sí, a los fines militares y expansionistas hasta su evolución que la definen como “el castigo impuesto por una autoridad pública o privada, como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de personas naturales o jurídicas que derecho sancionatorio incluye aspectos comunes presentes en diversas disciplinas jurídicas”
Que se recuerde, la más inolvidable sanción está relatada en la Biblia (Génesis) aplicada a la mujer de Lot, al desobedecer la orden de Yaveht de no mirar la destrucción de Sodoma, convirtiéndose en sal. A partir de entonces, el citado calificativo tiene explicaciones teológicas, políticas, sociales y económicas. De estas últimas, hay una larga tradición más contundentes, durante estas primeras décadas del siglo XXI venezolano, a entidades públicas y privadas, extensivas a personas naturales y jurídicas, que preceden a la primera interrogante, para lo que habría de responderse ¿el porqué del ello, sus causas y consecuencias? Y su respuesta sin duda alguna esta en primer lugar, en los gobiernos irresponsables que ha tenido la República, imponiéndoles sanciones de todo tipo a sus propios conciudadanos, teniendo como muestras sus dictadores y no saquemos cuenta, porque es larga, hasta las más recientes, económicas y políticas por los Estados Unidos y otros países, en atención a violaciones a elementales derechos humanos suscritos por Venezuela con aquellas naciones, todo lo cual puede ser revisado, más no, las impuestas a determinadas personas naturales que poseen bienes de fortuna de dudosa procedencia (corrupción o narcotrafico) Sobre estos particulares, es mucha la tela que cortar y extensa la legislación en la novísima materia de “legitimación de capitales” con multilaterales convenios y una lupa, en el escandaloso atraco a la petrolera Pdvsa, haría un cortocircuito en el tablero económico mundial donde pueden estar “tirios y troyanos”
Es cierto que las sanciones económicas afectan al régimen y, lo que es peor, a sus ciudadanos. Pagan “justos por pecadores” pero la República no tiene, por su gobierno, que ser solidario por las confiscaciones o retenciones de bienes a funcionarios suyos, al estar en vigencia el Convenio contra la Delincuencia Organizada (ONU) y en esto debemos estar muy claros.
Denunciar las medidas señaladas como atropellos a la nación, por gobiernos extranjeros, da derecho al ciudadano a reclamarle al mismo régimen, las sanciones que se les imponen con salarios mínimos, carencia de elementales servicios públicos, la baja calidad en educación y salud, por aquello de que lo que es “bueno para el pavo lo es para la pava”. Y en ese orden de prioridades, cómo dejar de mencionar las sanciones políticas que nos imponen los partidos y poderes del Estado, en cuanto a los constitucionales derechos políticos y acceso a una justicia autónoma, interpretándose sus propósitos a oscuros intereses. De allí que es inaceptable que se pretenda tener una óptica para determinar qué sanciones son buenas o malas y he aquí el “detalle”, como dijera el gran comediante mexicano Cantinflas, con otro agregado suyo “o actuamos como caballeros o como lo que somos», para precisar qué se entienden por sanciones y cómo superarlas a los fines de llegar a puerto seguro.
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