Las comunidades inmigrantes del sur de Florida están en alerta tras la divulgación de un nuevo memorando de inmigración de la administración Trump, que confirma que ahora los migrantes podrían ser deportados a países que no son los suyos con tan solo seis horas de aviso, incluso en casos en los que esos países no ofrecen garantías de seguridad.
La política, expuesta en un memorando del 9 de julio firmado por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), amplía el uso controversial de las llamadas “deportaciones a terceros países”. Abogados migratorios, defensores de derechos humanos y familias denuncian que esta medida representa una de las tácticas más extremas del enfoque migratorio de línea dura del presidente Donald Trump.
“Están creando un verdadero caos”, dijo Elizabeth Amaran, abogada de inmigración radicada en Miami. “En la práctica, es casi imposible notificar a alguien a tiempo. Seis horas no son suficientes para preparar ninguna defensa legal; es, en efecto, una negación total del debido proceso”.
El área de Miami, hogar de grandes comunidades de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, se perfila como una de las más afectadas por la nueva política —y también una de las más sensibles políticamente. Muchos inmigrantes en el sur de Florida viven actualmente en un limbo legal, con solicitudes de asilo pendientes o con órdenes finales de deportación que no se han ejecutado.
Según el memorando, reportado inicialmente por The Washington Post, ICE ahora está autorizado a deportar a personas no ciudadanas —incluidos residentes de largo plazo en Estados Unidos— a terceros países con solo 24 horas de aviso. En “circunstancias urgentes”, ese plazo puede reducirse a seis horas, siempre y cuando se le ofrezca al detenido la oportunidad de hablar con un abogado.
En los casos en que el país receptor haya ofrecido “garantías diplomáticas creíbles” de que la persona deportada no enfrentará tortura ni persecución, ICE puede ejecutar la deportación sin necesidad de notificar previamente al afectado. Expertos legales aseguran que esto constituye un poder de expulsión desmedido, con escasas salvaguardas y sin transparencia.
“Esta política está muy por debajo de los estándares legales y de debido proceso que exige la ley”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, a la agencia Reuters. Su organización lidera una demanda colectiva contra ICE en una corte federal, argumentando que estas deportaciones son inconstitucionales.
La administración Trump ha defendido la medida como una herramienta necesaria para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados —incluyendo a algunos con antecedentes penales—, especialmente cuando sus países de origen se niegan a recibirlos. “Tenemos que sacar a lo peor de lo peor de nuestro país”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el domingo en Fox News.
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