La presidenta peruana Dina Boluarte acudió este miércoles a la sede de la Fiscalía, adonde fue citada para ser interrogada por una investigación por presunta corrupción y enriquecimiento que empezó por el uso de relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes, una obligación para los funcionarios.
La mandataria llegó en el tradicional auto presidencial protegido por una decena de carros policiales. Policías antidisturbios rodearon el camino de entrada al Ministerio Público. Un pequeño grupo de personas gritaba “Dina asesina devuelve los Rolex» detrás de unas rejas colocadas para proteger la sede judicial.
Las investigaciones fiscales han provocado una crisis en el gobierno. La pequeña oposición comenzó en la víspera a recolectar las 26 firmas necesarias para presentar un pedido de destitución de la presidenta, que necesita otra votación posterior de 87 firmas, que no han alcanzado en otros cuatro intentos.
La presidenta no tiene bancada legislativa pero es protegida en el Parlamento por una coalición de grupos conservadores que han bloqueado todos los intentos de destitución previos.
Boluarte dijo el martes que seguirá hasta el fin de su gobierno programado para el 28 de julio de 2026. «Aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar”, dijo Boluarte durante un acto público en un puerto capitalino.
La mandataria no responde preguntas de la prensa desde hace más de un mes. La última ocasión fue el 5 de abril, precisamente el día en que también asistió a la fiscalía a otro interrogatorio de casi cinco horas por el caso de los relojes de lujo marca Rolex y las joyas que no declaró en una lista de bienes que todos los funcionarios deben presentar cada año para detectar enriquecimientos indebidos.
Boluarte tiene otras investigaciones, la más reciente por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad después de que su gobierno desactivó un grupo policial de élite que ayuda a un grupo de fiscales que investiga al entorno de la mandataria.
También pesa sobre ella otra pesquisa por lavado de dinero recibido durante la campaña presidencial que llevó al poder a su antecesor Pedro Castillo (2021-2022), de quien Boluarte era vicepresidenta.
Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución y detención de Castillo quien intentó disolver el Congreso para evitar una votación de remoción en su contra.
A fines de 2023 la fiscalía general también denunció a la presidenta por homicidio calificado y lesiones graves ante el Congreso, pero esa denuncia no prosperará, según la ley, hasta que la mandataria concluya su gobierno.
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