La plataforma independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró en junio 74 denuncias relacionadas con personas encarceladas en Cuba, de las que 58 implicaron algún tipo de violación a sus derechos, según el nuevo informe divulgado este lunes en redes sociales.
Esta ONG -con sede en México- reportó denuncias desde 29 prisiones y centros de detención de 13 provincias.
Los incidentes de violaciones con más frecuencia registrados fueron el hostigamiento o represión (38 casos), negación de asistencia médica (15), condiciones precarias de vida en prisión (143, y problemas relacionados con la alimentación (11).
El informe del CDPC sobre la situación de las prisiones cubanas identificó al menos a 47 personas reclusas -40 hombres y 7 mujeres- como víctimas directas de estas violaciones, y cita diez denuncias que documentaron afectaciones con impacto en la totalidad de la población penal de determinados establecimientos penitenciarios.
Señaló que los grupos más vulnerables fueron los de personas presas por razones políticas, los opositores políticos y los que viven con enfermedades crónicas.
Entre las prisiones más reportadas con incidencias cita al Combinado del Este y la 1580 -ambas de La Habana-, así como las de Quivicán, Guanajay, Agüica, ubicadas en las provincias occidentales de Mayabeque, Artemisa y Matanzas, respectivamente, y la de Mar Verde, en Santiago de Cuba (este).
La CDPC precisó que en junio las personas más afectadas por violaciones a sus derechos fueron los presos políticos José Daniel Ferrer García, Jorge Bello Domínguez y Roberto Pérez Fonseca, recluidos respectivamente en las prisiones Mar Verde, Guanajay y Quivicán.
En el caso de José Daniel Ferrer, líder de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la CDPC denuncia que «fue golpeado en dos ocasiones por supuestos reclusos comunes al servicio de la Seguridad del Estado».
También se refirió a la muerte del recluso Lázaro Vasco Francisco, en la prisión 1580, y señaló que ocurrió «en circunstancias poco claras».
El informe recogió denuncias sobre «deplorables condiciones materiales de reclusión» en aspectos como la higiene, la escasez y contaminación de agua, la presencia de enfermedades contagiosas como la escabiosis, plagas de chinches, y una alimentación «insuficiente, mal balanceada y en mal estado», que ha contribuido al deterioro nutricional y al incremento de enfermedades gastrointestinales.
Asimismo apuntó que entre las formas de protesta documenta la huelga de hambre, así como los intentos de suicidio y las autolesiones, de los que indica se registraron cuatro casos, dos de ellos con resultado fatal.
La ONG indicó que hay denuncias recurrentes referidas a traslados como forma de castigo, uso temporal de celdas de aislamiento, largas jornadas laborales bajo el sol, sin una alimentación adecuada, sin acceso a agua potable y con sueldos extremadamente bajos o inexistentes, y restricciones a las llamadas telefónicas.
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