El coordinador del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, aseveró este miércoles que a los venezolanos que fueron enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, a El Salvador se les está dando trato de esclavos, porque “están en un depósito, sin saber cuánto tiempo van a estar allá”.
Durante una entrevista efectuada por el periodista Vladimir Villegas, el defensor de derechos humanos también reiteró su rechazo a la propuesta que hiciera el presidente salvadoreño, Nayik Bukele, a su homólogo Nicolás Maduro de cambiar 252 presos venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a su país por igual cifra de presos políticos en Venezuela.
Alvarado dijo que el mandatario salvadoreño está convirtiendo en rehenes a quienes permanecen encarcelados de manera ilegal en su país, porque no han cometido ningún delito en ese territorio centroamericano.
“La propuesta de Bukele es un acto de hipocresía porque está queriendo aparecer como defensor de los venezolanos que están presos en Venezuela por motivos políticos cuando en el propio Salvador le está violando los derechos humanos a ese grupo de venezolanos”, manifestó.
Bukele convirtió en un negocio tener presos venezolanos
Al ser consultado sobre el hecho de que Bukele recibe alrededor de 20 mil dólares del gobierno estadounidense por cada preso, comentó que él ha convertido en un negocio tener venezolanos en sus cárceles de máxima seguridad.
“Se está convirtiendo en un negocio tener seres humanos en un depósito. A esta fecha los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos no han dado el listado oficial de venezolanos. No hubo la sensibilidad con los familiares de decir quiénes eran los detenidos”, expresó.
Doble cara del gobierno venezolano
De la misma forma, mencionó que el gobierno de Nicolás Maduro muestra una doble cara al reclamar a su par centroamericano que viole derechos de los venezolanos, mientras en Venezuela se violan los de los presos políticos que ni siquiera tienen acceso a un abogado privado.
“El gobierno viola los derechos de 2.400 personas que fueron detenidas y procesadas por delitos de terrorismo. No les permite tener un abogado de confianza. Por eso, el primer paso que debe dar la Fiscalía venezolana es acabar con la práctica de la desaparición forzada, que se ha convertido en una política de Estado, y la política de aislamiento”, añadió.
También dijo: “Estamos frente a dos gobiernos que vienen cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Uno que ha convertido a unos presos, en su gran mayoría sin antecedentes porque hemos tenido oportunidad de recibir a sus familiares, en rehenes. Y otro que mantiene a unos venezolanos encarcelados arbitrariamente, algunos desde mucho antes del 28 de julio”.
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