La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió a la administración de Nicolás Maduro información del paradero de Roberto Abdul, uno de los organizadores de la primaria opositora del 22 de octubre, quien fue detenido luego de ser señalado por la Fiscalía como un «traidor a la patria».
«Desde la PUD exigimos al régimen de Nicolás Maduro que informe al país acerca del paradero» del activista, «a quien familiares y allegados le perdieron el rastro hace más de 24 horas», indicó la plataforma el 7 de diciembre a través de X (antes Twitter).
Los opositores explicaron que los abogados de Abdul, también director de la ONG Súmate, acudieron a la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde les negaron que estuviera recluido, «pese a que esta información ha sido confirmada por el Foro Penal», la organización no gubernamental que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país.
«Alzamos la voz para que cese el acoso y la persecución política contra todo aquel que quiere un cambio político para el país y demandamos la atención de la comunidad internacional ante esta nueva escalada violenta», agregó la PUD, tras pedir la «liberación inmediata» de su colaborador.
En una rueda de prensa, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que Abdul, así como Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez, colaboradores del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata María Corina Machado, serían arrestados por los delitos de «traición a la patria», «conspiración con una potencia extranjera», «legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Según Saab, los tres colaboradores de Machado «mantenían relaciones económicas» con un ciudadano estadounidense que ya fue detenido en Venezuela por su supuesta vinculación en una «conspiración» contra el referendo sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.
Machado fue elegida como candidata presidencial en las primarias de octubre, una candidatura que depende de que le sea levantada la inhabilitación que le impide a la exdiputada competir por cargos públicos, de cara a los comicios de 2024.
