Ante la crisis humanitaria y de seguridad, la reapertura era un imperativo y uno de los hitos más esperados luego del restablecimiento de las relaciones que emprendió el Gobierno Petro.
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA
El director de Civilis DDHH e integrante de HUM Venezuela, Jo D’Elia, destacó que “sobre el tema de la emergencia humanitaria, nosotros desde el año 2019 coordinamos una plataforma de información humanitaria que se llama HUM Venezuela”.
“El primer hallazgo es que la emergencia se ha mantenido en Venezuela en los últimos tres años afectando a cerca de 18 y 20 millones de personas a nivel nacional. Y que para el análisis integrado, dentro de esos 20 millones que llegamos a determinar en en este año, en 2023 pudimos lograr identificar a un grupo que está por el orden de los 14 millones que tienen necesidades críticas. Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas, que es el grupo que de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida, que llevan a la gente a situaciones de miseria, o de cosas mucho más graves como explotación, trata, incursión en actividades ilícitas, o el desplazamiento, tanto interno como externo, como por efecto de esa crisis. En esas necesidades críticas, entonces estarían 14 millones, y en necesidades severas, estarían alrededor de 4 a 5 millones de personas”, declaró D’Elia.
El Sociólogo Jo D´Elia | Foto: Provea
D’Elia detalló que “dentro de esas 20 millones de personas con necesidades, 1 millón se sumó a lo que ya había en el año 2022 a necesidades críticas. Y de quienes tienen necesidades críticas, 1.5 millones se sumó a las severas. Eso es sumamente importante como un insumo para lo que ha sido la arquitectura de la respuesta humanitaria que se ha instalado en Venezuela desde el año 2019 bajo la coordinación de Naciones Unidas”.
“El reconocimiento de la respuesta, si bien fue cediendo de parte del Estado venezolano, que no reconocía la crisis hasta el año 2019, a partir de 2020 la empieza a reconocer, no abiertamente, pero sí acepta que esa arquitectura se instale y que haya coordinaciones vinculadas a la crisis, y también permite que haya operaciones de respuesta de diferentes actores dentro de lo que se llama eso el arquitectura humanitaria. El reto ha sido el que el Estado le permita a esos actores poder llegar a los lugares, poder tener acceso a la población, no tener dificultades logísticas, no tener dificultades de comunicación con las autoridades, no tener dificultades en la coordinación con actores locales y nacionales, y hasta cierto punto se ha logrado, pero existen todavía restricciones que no han podido ser resueltas. Y también tener el financiamiento necesario, y eso depende también de la presión que pueda tener Venezuela en el contexto de las crisis humanitarias, y evidentemente la disponibilidad o la disposición de los donantes en atender el plan de Venezuela y las necesidades que tenemos. Ese financiamiento ha sido bastante reducido, ha ido mejorando, pero no al nivel que necesitamos, y en términos de restricción de acceso todavía quedan cosas importantes”, señaló D’Elia.
“El gobierno no ha levantado la medida de restricción a un programa que es bandera de la respuesta humanitaria, que son los programas de transferencia monetaria. Tuvimos el caso más grave de criminalización y persecución contra organizaciones de la sociedad civil, con el caso de Azul Positivo, tuvimos un año peleando, luchando para que después de las detenciones que ocurrieron pudieran liberar a las personas, y justamente fue por un programa de transferencia monetaria. A partir del momento de Azul Positivo, el Estado cancela ese programa y no ha habido posibilidad hasta este momento de que le dé la oportunidad a las agencias de poder reanudarlo”, explicó D’Elia.
Una mujer yanomami carga a un niño afuera de un hospital de campaña instalado por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), en Boa Vista, capital del estado amazónico de Roraima (Brasil). El pueblo yanomami vive una crisis humanitaria por la fuerte acción de los minería ilegal. EFE/ Raphael Alves
“Nosotros tenemos ya 20 años bajo unas condiciones de amenaza generales sobre la sociedad civil venezolana, que se ha instrumentalizado básicamente a través de un cuerpo de normas que en principio desconocían el carácter legítimo de la sociedad civil, y por lo tanto, al no ser legítimo, entonces el Estado se atribuía la facultad de poder retirar, separar, excluir a organizaciones autónomas de cualquier circuito de decisión pública, y en ese sentido la sociedad civil quedó marginada de las decisiones públicas. Luego pasamos a un proceso ya de estigmatización muy profundo y criminalización del poder ejercer la autonomía, de autoorganizarte y poder actuar dentro de la sociedad civil, y entonces se elevó a una escala mayor de ataque constante, permanente, en los discursos, en las órdenes que se daban, hacia las ONG, de hecho el Estado ha utilizado la etiqueta de ONG para reunir ahí todos estos estigmas que utiliza contra la sociedad civil, en todos los sectores del Estado”, considera D’Elia.
D’Elia recordó que “la ley de fiscalización que apareció en el 2023, de la cual no conocemos el texto, no sabemos en qué estado, en qué estatus está esa ley en este momento. Pero esa ley es una de las más graves que hay, de las que ya existían, y que no fueron aplicadas en su totalidad, al menos no como la ley lo establece”.
Omar Zambrano economista de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) | Foto: Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF)
El jefe de la firma Anova Policy Research, Omar Zambrano retrató que “la crisis humanitaria no solo no recedió en estos años de supuesta recuperación económica, sino que más bien se ha ido agravando y profundizando, ciertamente, en algunas áreas del país. Y la población que está sometida a los rigores de unos niveles de bienestar subóptimos, son cada vez más”.
Zambrano ha llamado “un episodio de recuperación no productiva. Las condiciones de vida de las personas en las sociedades modernas dependen fundamentalmente de la evolución de los ingresos laborales, de los salarios, de lo que gana la gente por el intercambio de su trabajo en el mercado laboral. Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, y es fundamental, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene todo que ver con lo que pasó en el mercado laboral”.
Según Zambrano, “estas burbujas económicas son un síntoma que no es que sean negativas per se, sino es un síntoma de lo limitado que es el proceso de recuperación económica que hemos estado observando para generar bienestar para las grandes mayorías. No es que no se está recuperando la economía, sí, se está recuperando una parte de la economía, pero lo que se está recuperando es tan pequeño y tan limitado desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista territorial, que este brote verde de la economía venezolana, es total y absolutamente insuficiente para generar bienestar para mucha gente. Mucha gente continúa excluida de los beneficios de este supuesto crecimiento”.
La crisis humanitaria y social que azota Venezuela ha hecho que miles de personas salgan de su país caminando. | Por: DANIEL REINA – SEMANA
“La economía se dolarizó, las políticas públicas dejaron como esta especie de libre mercado para el emprendimiento, y además abrieron las fronteras y las aduanas para que empezaran a llegar importaciones de todo tipo, entonces, hicieron esta especie de burbuja de consumo en las ciudades, que obviamente se tradujo en mayor disponibilidad de bienes de consumo. Entonces, pasamos de una situación de escasez absoluta en la mayoría de los bienes básicos en el 2016-2017, a una situación donde aparentemente los bienes están, o sea, los anaqueles se volvieron a llenar. Entonces, eso ha dado una sensación general de bienestar, de avance. Pero el argumento que yo hago es que lo que ha pasado sigue siendo absolutamente limitado en términos sectoriales, es decir, esto no pasó en toda la economía venezolana, esto pasó única y exclusivamente en un sector, en el sector de comercialización de bienes y servicios, y no en todo el territorio, sino en las tal vez diez o doce grandes ciudades de Venezuela”, indicó Zambrano.
“Esta una caída abrupta que se acaba de observar de la actividad económica, generó, entre otras muchas cosas, (…) la crisis humanitaria que se gesta acá. Esta es el origen y el corazón de la crisis humanitaria, y es esta caída brutal en el ingreso real laboral de los venezolanos, es decir, el valor del trabajo en Venezuela se hizo triza, se desapareció, o sea, se diluyó completamente”, lamentó.
Para Zambrano, “frente a esta caída del salario, ocurrió una abrupta caída en la población económicamente activa, que es la población en edad de trabajar, que está definida como todos los venezolanos entre 15 y 64 años. (…) Esta es la época donde millones de venezolanos se fueron. (…) Además, hay unos que se quedaron que ni siquiera están estimulados a participar en el mercado de trabajo”.
Dentro del hospital colombiano que trata la crisis de maternidad en Venezuela / Foto: The New Humanitarian
“Lo que se está produciendo desde el punto de vista económico tiene como consecuencia estas consecuencias. Primero, que poca gente está participando en el mercado laboral. Nuestros últimos cálculos dicen que sólo el 63% de las personas entre 15 y 64 años participan en el mercado laboral. Esto quiere decir que hay por lo menos algo más de 7 millones de adultos en edad productiva que no están generando ingresos autónomos. Estos pueden ser adultos de edad de retiro, los viejitos que ya están retirados del trabajo, pero también hay mucha gente en edad productiva que está desvinculada del sistema productivo que no está produciendo ingresos autónomos y que depende o de las remesas o depende de los pocos ingresos que recibe del Estado. Esta esta radiografía productiva es bastante improductiva, si se quiere”, sentenció.
“Los ingresos laborales están un poquito mejor, pero nuestros últimos cálculos dicen que en promedio el salario venezolano está más o menos entre 140 y 145 dólares mensuales, lo cual es relativamente muy bajo en términos estándares”, considera.
“Por otro lado está el tema de las remesas que la gente dice, ‘bueno la gente no está trabajando porque está recibiendo muchas remesas’, y la verdad es que no, nuestros instrumentos nos dicen que no, las remesas son importantes, pero no tan importantes como la gente cree. Nuestros cálculos, dependiendo de la fuente indican que solamente entre el 20 y 25% de las familias están recibiendo remesas un promedio que no es tan grande tampoco son unos ciento veinte dólares mensuales. Esto fue a finales del año pasado. Las remesas no están llegando demasiado, tampoco son la tabla de salvación que la gente cree que son”, concluyó.
