La Cámara Federal resolvió hoy instruir al juez federal Sebastián Ramos a que pida la captura internacional de Nicolás Maduro para indagarlo en Argentina por violaciones a los derechos humanos. “Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”, señala el texto del fallo, al que accedió La Nación.
El fallo es de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Tras enumerar las declaraciones de las víctimas y los informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, los jueces escribieron: “Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”.
“Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, añadieron.
Y dijeron que considerando “la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
Lo mismo debe ocurrir “en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar”, dice el fallo de 20 páginas.
En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. Los querellantes son el abogado Tomás Farini Duggan, junto con el ministro de Seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), Waldo Wolff.
La querella pidió la semana pasada la detención de Maduro en una audiencia publica que se realizó en la Cámara Federal y donde el fiscal Carlos Stornelli y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe adhirieron. En esa audiencia había estado presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro. Según afirma la querella, esas violaciones a los derechos humanos ocurren desde 2014 en Venezuela, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.
Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. La víctima, que cuenta con status de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos. Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas. “Orinábamos en botellas de plástico”, sostuvo. Su liberación se dio solo a partir de una negociación política, dijo ante los jueces de la Cámara Federal la semana pasada.
Otro testigo contó haber sido parte de “Marcha de los Estados”, una movilización que convocó a la sociedad civil a concentrarse en distintos puntos de Venezuela para manifestarse en contra del gobierno venezolano. Según relató ante los jueces argentinos, fue interceptada por un “piquete” de la guardia nacional bolivariana que extinguió esa protesta a fuerza de gases lacrimógenos. Uno de ellos le explotó en su rostro. Al llegar al hospital, por el temor a ser capturada, indicó que la inflamación en su cara era producto de un golpe que había sufrido en su casa. Es que, según explicó, se había librado la orden de detener a los manifestantes que llegaban heridos a los hospitales.
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