El informe anual de Amnistía Internacional revela una situación alarmante en Venezuela, marcada por represión de las protestas poselectorales, con al menos 900 personas detenidas arbitrariamente, reportes de tortura y deterioro constante en las condiciones de detención.
“Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, al menos 24 personas perdieron la vida; muchas de estas muertes podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a dos menores entre las víctimas”, señala la organización pro derechos humanos en su informe correspondiente a 2024 publicado este martes.
Indica que para octubre del año pasado, la ONG Foro Penal había documentado más de 1.900 arrestos, entre ellos 129 niños. Afirma que muchos de los detenidos sufrieron desapariciones forzadas durante días y fueron llevados ante tribunales antiterroristas sin las garantías procesales adecuadas, imputándoseles cargos relacionados con el terrorismo.
Expresa profunda preocupación ante las denuncias de torturas y tratos crueles infligidos a los detenidos, entre ellos niños y mujeres, que fueron sometidos a golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual.
Amnistía Internacional denuncia asimismo que las condiciones en los centros de detención siguen empeorando: “El hacinamiento extremo, la falta de acceso a alimentos y agua potable, así como una atención médica inadecuada son comunes”..
Venezolanos en el extranjero sufren expulsiones ilegales
La ONG señala que la crisis humanitaria en Venezuela “ha llevado a más de 7,89 millones de personas a abandonar el país”.
Añade que muchas de esas personas enfrentan expulsiones ilegales y prolongadas detenciones administrativas en el extranjero, pobreza extrema, xenofobia y barreras para acceder a los servicios básicos, además de dificultades para obtener estatus de refugiado o protección internacional.
Recordó la reciente expulsión de 238 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de orden judicial que prohibía expresamente su traslado.
“Este acto no solo representa un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump”, afirma.
Aumento alarmante de ataques contra defensores de derechos
La organización también señaló: “El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en 2024”.
En casos como los de Javier Tarazona y Rocío San Miguel, precisa Amnistía Internacional, se evidenció un sistema represivo al ser detenidos arbitrariamente y desaparecidos de manera forzada.
Numerosas violaciones de la libertad de expresión en el país
“Se registraron al menos 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de al menos 12 periodistas durante o después de las protestas poselectorales”, denuncia Amnistía Internacional.
Subrayó que las autoridades han confiscado equipos de trabajo y cerrado al menos 14 emisoras de radio a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También le atribuye restricciones al acceso a redes sociales como X (antes Twitter), y aumento en ataques de phishing dirigidos a cuentas de periodistas.
Altos índices de pobreza y violaciones de derechos humanos
La organización señala que 82% de la población vive en condiciones de pobreza, con 53% sumido en la pobreza extrema. El salario promedio apenas supera los 3 dólares.
“La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales”, señala el informe.
Destaca que los derechos de la mujer y las personas LGBTI siguen siendo violados.
“Se registraron numerosos casos de violencia de género y feminicidios. No se observaron avances significativos en la garantía de los derechos de las personas LGBTI”, dice.
Minería ilegal amenaza a pueblos indígenas y sus territorios
Amnistía Internacional también se refirió a la situación del Arco Minero del Orinoco, donde la minería ilegal amenaza a los pueblos indígenas, provocando desplazamientos forzados, contaminación ambiental y destrucción de sus territorios.
Celebra que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado el mandato de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Esto resalta, indica, la preocupación internacionales sobre el país.
La ONG hace un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que detengan la represión, liberen inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, aseguren el debido proceso y garanticen la integridad física y psicológica de los detenidos. También exige el acceso sin restricciones a organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos.
Manifiesta profunda preocupación por las expulsiones masivas de ciudadanos venezolanos en la región, como la que ocurrió en Estados Unidos, y plantea la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos de esas personas y facilitar su acceso a protección internacional.
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