La organización humanitaria Cristosal conoce y acompaña legalmente los casos de 140 migrantes detenidos en la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, tras ser expulsados de Estados Unidos, 139 de ellos de origen venezolanos, según reveló este lunes el director de la ONG, Noah Bullock.
El director de Cristosal detalló, durante una conferencia de prensa en San Salvador, que 40% de los casos «tenía (en Estados Unidos) algún tipo de protección migratoria».
Señaló que la ONG presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña 39 recursos de habeas corpus de un igual número de migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
«Estas personas se encuentran en un agujero negro judicial, porque no tienen dónde hacer efectivos sus derechos», indicó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».
El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el Cecot, una prisión para miembros de pandillas.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
En total, Estados Unidos ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que Estados Unidos tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
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