Con un trámite de reforma constitucional simplificado, el Congreso salvadoreño cristalizó el miércoles la promesa del presidente Nayib Bukele de eliminar el financiamiento del Estado a los partidos políticos para sus campañas electorales, en una medida que fue cuestionada por algunos sectores de la socidad civil.
Con el voto favorable de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral —dominado ampliamente por las fuerzas políticas adeptas a Bukele— se suprimió el artículo 210 de la Carta Magna que establecía un financiamiento público para los partidos políticos “encaminado a promover su libertad e independencia”.
Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, dividieron sus votos —uno a favor y el otro en contra— mientras que la diputada del conservador partido VAMOS, también opositor, se abstuvo.
La medida legislativa pasará ahora al Poder Ejecutivo, para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.
Bukele pidió recientemente a los diputados eliminar ese artículo de la Constitución. “Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó Bukele en la red social X, antes Twitter.
Bukele arremetió asimismo contra la dirigencia de Arena, que gobernó el país por 20 años (1989 a 2009), después de que la alianza opositora publicó un comunicado de prensa que pedía a los diputados “votar a favor de mantener la deuda política”.
El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben los partidos en cada elección y la inflación respectiva. El precio lo establece la cartera de Hacienda.
“La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante», advirtió Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana. «La reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario, ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral”.
“Deja a los partidos a merced de los financistas privados, quienes podrían incidir en las políticas de estos durante el ejercicio del poder o solicitar favores a cambio de dicho financiamiento”, acotó Escobar en declaraciones a The Associated Press.
La abogada y analista Bessy Ríos calificó la decisión como “una posición bastante hipócrita, cómoda y electorera” y afirmó que “es populismo crudo y duro, ya que no se tiene un sistema de estructura institucional y legal que permita controlar a los partidos”.
Según un informe de Acción Ciudadana, los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos 160,4 millones de dólares como financiamiento público y privado desde 2014 hasta 2023.
El informe de la ONG detalla que 75,6 millones de dólares correspondieron a financiamiento público entregado por el Ministerio de Hacienda, mientras que 84,7 millones a financiamiento privado, o sea, donaciones de personas naturales o jurídicas.
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