Estados Unidos anunció este miércoles que prohibió la entrada al país al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) y al exvicepresidente Jorge Glas, a los que acusa de estar involucrados en casos de corrupción.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glas «no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato».
De acuerdo con la administración de Joe Biden, el exmandatario ecuatoriano y su «número dos» abusaron de sus cargos públicos «al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables».
Miller expresó en el comunicado el respaldo de Estados Unidos para todos los ecuatorianos que estén «comprometidos con aumentar la transparencia gubernamental y exigir cuentas a los funcionarios públicos corruptos».
Declaraciones del #EmbArtBrown ante el anuncio del @StateDept de designar al expresidente ecuatoriano, Rafael Vicente Correa Delgado, y al exvicepresidente, Jorge David Glas Espinel, como no elegibles para entrar a los EE.UU. #EstamosUnidosEC https://t.co/Gw7mLXr0Cz pic.twitter.com/qAQ8Lwd3jA
— US Embassy Ecuador (@USembassyEC) October 9, 2024
Rafael Correa condenado a ocho años de prisión
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, lo que le ha permitido evitar la cárcel en Ecuador.
Sobre el expresidente, que sigue muy presente en la vida política de su país a través de redes sociales, pesa una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación por el caso Sobornos 2012-2016.
Glas, quien fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa, fue detenido el 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, donde este había pedido asilo.
Sobre Glas pesaba entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), si bien tanto él como Correa se declaran víctimas de persecución política.
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