En una carta dirigida a la Doctora Dolors Montserrat, vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se ha formalizado una petición para que el Parlamento Europeo evalúe y se pronuncie sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La petición hace referencia a las declaraciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien aseguró que estaba “monitoreando activamente” las tensiones en Venezuela y que su oficina ha recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones” posteriores a las elecciones.
Se expresa preocupación por la falta de información sobre la investigación en la “Situación Venezuela I”, relacionada con violaciones graves de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, especialmente las que se están cometiendo desde el 29 de julio de 2024.
Piden evaluar violaciones de derechos humanos
La carta exige a la Fiscalía de la CPI que solicite la emisión de órdenes de aprehensión contra altos funcionarios del Estado venezolano, basándose en la información obtenida de diversas fuentes creíbles, entre ellas, informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas.
Subrayan que la discriminación contra disidentes políticos ha aumentado desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, con discursos de odio y amenazas sistemáticas hacia la oposición, lo que agrava la situación de violencia y represión en el país.
«La discriminación de miembros e individuos críticos del gobierno se ha vuelto significativamente más visible desde el inicio de la transición política en 2013, con la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la retórica pública de autoridades de alto nivel . Maduro ha amenazado sistemáticamente a la población civil opositora mediante la represión como política de Estado, y mediante un procesamiento judicial en el que el propio Presidente ordena a los jueces abrir expedientes falsificados para encarcelar a líderes políticos y disidentes. Mientras se desarrollaban las protestas civiles, amenazó con radicalizar la revolución bolivariana ante los supuestos intentos de golpe de Estado en su contra. Este objetivo de lenguaje intimidante continuó en 2024 cuando el amenazó con una unión cívica militar para radicalizar su régimen de gobierno si la alianza opositora ganaba las elecciones presidenciales de 2024. En este discurso sugirió el plan antigolpes que luego cristalizaría en julio de 2024», indican en la carta.
Y agregan: «Las reiteradas amenazas públicas de atacar, procesar y encarcelar a la disidencia política venezolana, de tomar las armas en caso de perder dichas elecciones presidenciales, constituyen crímenes de lesa humanidad, agravados por el discurso del odio (doctrina de la Fiscalía de la CPI aplicada en la Sentencia de la Situación en Myanmar)».
Parlamento Europeo debe mediar ante la CPI
Se hace un llamado a la Unión Europea para que medie ante la CPI y se presenten propuestas relacionadas: con la situación de derechos humanos en Venezuela. Entre ellas, se incluyen la activación de disposiciones vinculantes del Acuerdo entre la UE y la CPI, y la solicitud de informes sobre el avance de la investigación.
Finalmente, se solicita a la vicepresidenta Montserrat que transmita al Parlamento Europeo la confianza en la eficiencia de la justicia europea en materia de cooperación judicial y en la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos.
El escrito fue firmado por Antonio Ledezma, Blas Jesús Imbroda, Beatriz de Majo, Carlos Sarmiento, Humberto Calderón Berti, José Vicente Carrasquero, Miguel Henrique Otero, Miguel Ángel Martin, Mitzy de Ledezma, Simón Pedro Deffendini, Tamara Sujú, Victor Rodríguez Cedeño.
Para ver la carta consulte aquí: Petición a la Dra. Dolors Montserrat PE
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