La Cámara de Diputados trata la Ley Finocchiaro en una extensa jornada de debate

Por parte de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro cuestionó la ausencia de los diputados de La Libertad Avanza al alegar que “en la educación es donde se juega la libertad y de definir qué tipo de sociedad queremos hacia adelante”.

Con respecto a la iniciativa de Finocchiaro, Ferraro manifestó que se trata de “una decisión que viene en poner un parate en algo que hay que ponerlo”. Frente a los cuestionamientos de la puja entre los derechos, el presidente del partido alegó que “uno de los derechos está por encima de otro y es el de que todos los niños tengan acceso a la educación”.

“No podemos pasar por alto el colapso educativo”, mencionó y ratificó: “Este proyecto no atenta contra el derecho a huelga”.

La diputada por Encuentro Federal Margarita Stolbizer adelantó que su bloque no tendrá una decisión uniforme; por el contrario, los votos estarán divididos. “Si hay algo imprescindible para el aprendizaje es la permanencia”, señaló.

Sin embargo, Stolbizer indicó que “son varios los factores” por los que los niños no pueden cumplir con sus trayectorias escolares: entre ellos, la infraestructura, los paros docentes, las condiciones climáticas. “Hay razones que hacen o que afectan estas trayectorias que afectan los aprendizajes y están por fuera de lo que implica el paro docente”, argumentó y planteó que estos proyectos “buscan culpar a los docentes”.

El diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos sostuvo: “Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que la relación entre alumno y docente se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico”.

“La educación que supimos tener no es la misma de hoy, en comparación con la de otros países que nos tomaban de modelos. Y, a pesar de que hemos sancionado leyes, lo cierto es que el diagnóstico nos dice que uno de 3 chicos no termina la secundaria”, cuestionó.

Sobre los cuestionamientos de algunos bloques, Cobos indicó que “hay un conflicto entre intereses y derechos”. “Lo que tenemos que hacer es priorizar el derecho del niño de poder recibir la educación”, afirmó.

Luego de su intervención, su compañera de bancada Ana Clara Carrizo adelantó que la UCR acompañará la iniciativa. “Cuando hay un conflicto entre mayores y niños, ganan los niños porque no se pueden sentar en la mesa a debatir”, alegó.

A su turno, la diputada del PRO María Eugenia Vidal expresó: “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”. “De cada 100 chicos que arrancan primer grado, solamente 13, terminan en tiempo y forma”, ejemplificó.

“Es un fracaso del sistema educativo, digamos las cosas como son. Y tampoco me compro que este sea un problema solamente de los chicos pobres, en los lugares no pobres los resultados son mediocres igual”, indicó. Por esto mismo, planteó que este proyecto es un “primer paso”, porque “si no hay clases, no hay aprendizaje”. “No es verdad que sea una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”, aseguró.

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert definió al proyecto como “histórico”. “Me parece central que logremos sancionar a la educación como un servicio estratégico esencial, darle esa impronta, como mucho de nuestros antepasados lo hicieron con muchas de las reformas que se hicieron en la Argentina”.

De esta manera, destacó que el proyecto “establece una política de Estado coherente, con el espíritu de la Constitución, una constitución liberal, de Juan Bautista Alberdi”. “En segundo lugar, defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar”, dijo y agregó: “Imprime un carácter de prioridad a través del concepto de esencialidad de la educación para igualar oportunidades vitales para el desarrollo de nuestro país.

“Quienes voten en contra claramente están en contra del proyecto de progreso en Argentina”, lanzó contra los sectores que se manifestaron en contra. A su vez, Espert aclaró que, con esta iniciativa, “no se les está negando el derecho a los docentes a hacer huelgas, sino que en todo caso se está garantizando el derecho a la educación a los chicos”.

“La Oficina del Presidente destaca la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley del nuevo Registro de Datos Genéticos, un avance revolucionario que cambiará para siempre la forma en la que se combate el delito en Argentina”, manifestó el equipo de Javier Milei a través de un comunicado.

En ese sentido, luego del debate en Diputados, destacaron que esto “posibilitará la comparación de huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen con el perfil genético de imputados y condenados, agilizando así los procesos y garantizando que los culpables terminen tras las rejas”.

A su vez, precisaron que este sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, con el objetivo de “comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con aquellas huellas otorgadas por la familia”.

Tras la aprobación de la Cámara, instaron al Senado a dar un pronto tratamiento al proyecto y apuntaron contra los bloques que votaron en contra: el kirchnerismo y los legisladores de izquierda. “Una vez más, quienes hace años se llenan a boca hablando de Derechos Humanos defienden delincuentes y pretenden desamparar a las víctimas. Los años de impunidad y garantismo terminaron el 10 de diciembre”, cierra el mensaje.

Al inicio de las intervenciones individuales, algunos legisladores de Unión por la Patria rechazaron el proyecto y adelantaron que el bloque votará en contra.

El diputado nacional de Hugo Yasky indicó: “Yo creo que no podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad”. “Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró el secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

En un sentido similar, se manifestó el legislador del mismo partido Itai Hagman, quien consideró que este proyecto “no trata de mejorar el derecho a la educación”; por el contrario, planteó que es una propuesta más vinculada al trabajo. Así, cuestionó: “¿Estamos frente a un proyecto que busca mejorar la calidad de educación o estamos frente a un proyecto que solamente busca terminar con el derecho a la huelga de los docentes?”. En ese sentido, adelantó que su bloque votará en contra de la iniciativa.

El diputado Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación, actuó como miembro informante y presentó formalmente el proyecto para declarar a la educación como servicio público esencial.

“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.

En ese sentido, explicó que en caso de una medida de fuerza la escuela debe estar abierta y debe haber una guardia de directivos, docentes y no docentes que den clases y garanticen otros derechos como el alimentario.

“Voy a dar unos pocos datos: la mitad de los chicos de tercer grado, no entiende lo que lee, y en los sectores vulnerables llegamos al 61 por ciento. Solo el 13 por ciento de los que empiezan la escuela secundaria la terminan en tiempo y forma”, detalló, para graficar la situación actual del sistema educativo.