La Corte Suprema de Arizona falló unánimemente el viernes que casi 98.000 personas cuyos documentos que comprueban ciudadanía no habían sido confirmados sí pueden votar en las elecciones estatales y locales, una decisión significativa que podría influir en el desenlace de contiendas legislativas reñidas y en las medidas incluidas en las papeletas.
La decisión se produce después de que las autoridades descubrieron un error en la base de datos que durante dos décadas designó erróneamente a esos votantes como habilitados para sufragar en todas las elecciones incluidas en la boleta.
Los electores ya tenían derecho a emitir boletas en contiendas federales, incluidas las de elección de presidente y legisladores, sin importar cómo hubiera fallado el máximo tribunal.
El secretario de Gobierno, el demócrata Adrián Fontes, y el registrador del condado de Maricopa, el republicano Stephen Richer, habían discrepado sobre el estatus que debían tener dichos votantes.
Richer le pidió a la Corte Suprema estatal que se pronunciara, diciendo que Fontes ignoró la ley estatal al aconsejarle a funcionarios del condado que permitieran que los votantes afectados sufragaran en todas las elecciones incluidas en la boleta.
Fontes dijo que el no permitir que los electores que creían que habían satisfecho los requisitos para votar tuvieran acceso a todas las elecciones incluidas en la boleta generaría preocupaciones de que se estuviera violando el debido proceso y la protección igualitaria.
El máximo tribunal, de tendencia republicana, estuvo de acuerdo con Fontes. Dijo que las autoridades del condado carecen de autoridad para modificar el estatus de los votantes porque esos electores se registraron hace mucho tiempo y habían jurado que son ciudadanos estadounidenses, so pena de sanción legal.
Los jueces también dijeron que los votantes no tenían la culpa del error en la base de datos, y también mencionaron el poco tiempo que queda antes de los comicios generales del 5 de noviembre.
“En estos hechos, no estamos dispuestos a privar en masa a los votantes de participar en las elecciones estatales”, manifestó en el fallo la presidenta de la Corte Suprema estatal, Ann Scott Timmer. “Hacerlo no está autorizado por la ley estatal y violaría los principios del debido proceso”.
De los casi 98.000 votantes afectados, la mayor parte de ellos residen en el condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix, viven desde hace tiempo en el estado, y sus edades oscilan entre 45 y 60 años. Aproximadamente el 37 % de ellos están registrados como republicanos, alrededor del 27 % están registrados como demócratas y el resto son independientes o están afiliados a partidos minoritarios.
El estado de Arizona es único por el hecho de que requiere que los votantes demuestren que son ciudadanos para que puedan participar en contiendas locales y estatales. Los electores pueden demostrar lo anterior al proporcionar una licencia de conducir o un número de identificación tribal, o pueden adjuntar una copia de un certificado de nacimiento, pasaporte o documentos de naturalización.
Arizona considera que las licencias de conducir emitidas después de octubre de 1996 son una prueba válida de que se es ciudadano estadounidense.
Sin embargo, un error de codificación clasificó a casi 98.000 votantes que obtuvieron licencias antes de 1996 —aproximadamente el 2,5 % de todos los electores registrados— como habilitados para sufragar en todas las elecciones incluidas en la boleta, señalaron funcionarios estatales.
El error entre la base de datos del registro estatal de votantes y la División de Vehículos Motorizados (MVD, por sus siglas en inglés) ya fue corregido.
Ese número de votos podría representar una diferencia en contiendas muy reñidas para la legislatura estatal, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría en ambas cámaras.
Los electores también decidirán sobre el derecho constitucional al aborto y acerca de una ley estatal que penalizaría a los no ciudadanos por entrar a Arizona desde México a través de cualquier sitio que no sea un puerto de ingreso.
Aunque Richer y Fontes no estuvieron de acuerdo sobre el estatus de los votantes, ambos festejaron el fallo del máximo tribunal.
“Gracias a Dios”, declaró Richer en la red social X. El jueves le dijo a The Associated Press que mantener los estatus de los votantes sería más fácil desde el punto de vista administrativo.
En un comunicado de prensa, Fontes dijo que el fallo es una “victoria significativa para los que su derecho fundamental al voto estaba bajo escrutinio”. Después de los comicios, funcionarios electorales contactarán a los votantes que necesiten actualizar su prueba de ciudadanía, agregó.
John Groseclose, que se encontraba entre los electores cuya ciudadanía estaba en duda, señaló que se sintió aliviado de que no tendrá que pasar más tiempo dando vueltas para solucionar la confusión.
Esta semana dijo que aguardó hora y media en una oficina de vehículos motorizados en la ciudad de Tempe sólo para percatarse que el empleado que lo atendió desconocía el problema y no sabía cómo actualizar su registro para votar, a pesar de que él le proporcionó un certificado oficial de nacimiento y un pasaporte nuevo.
“Me alegra que ninguno de nosotros vamos a ser privados de nuestros derechos por un error generado por la MVD hace unos 20 años”, le dijo Groseclose a la AP.
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