Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela tendrán voz en la CPI

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha programado la primera audiencia pública de la Situación Venezuela I para los días martes 7 y miércoles 8 de noviembre a las 9 de la mañana, hora estándar de Europa Central (CET). La Situación Venezuela I, se enfoca en la investigación de crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y violencia sexual y de genero cometidos de manera sistemática en el contexto de persecución política en el país.

Esta audiencia marcará un hito al ser la primera audiencia pública en un proceso que ha mantenido un impulso constante. En esta ocasión, se dará voz a las víctimas, quienes estarán representadas por Paolina Massidda, jefa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, la cual ha mantenido un estrecho contacto con organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos en el país.

Asimismo, destacadas organizaciones no gubernamentales comprometidas con la defensa de los derechos humanos se encontrarán como oyentes en la audiencia, incluyendo a Foro Penal. En el transcurso de la audiencia, se escucharán tanto la perspectiva del Estado venezolano como los argumentos presentados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Cabe destacar que esta audiencia estará disponible (con interpretación en español) para su seguimiento público a través del siguiente enlace.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, resaltó la trascendencia que la actual investigación sobre crímenes de lesa humanidad tiene para las víctimas, dada la evidente falta de voluntad por parte del Estado venezolano de llevar a cabo una investigación genuina.

Romero explicó que, en colaboración con la organización Robert F. Kennedy Human Rights, Foro Penal ha presentado observaciones adicionales ante la Sala de Apelaciones, abordando cuestiones técnicas y legales presentes en el escrito de apelación del Estado venezolano. Estas observaciones incluyen la obligación del Estado de investigar los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y el componente discriminatorio subyacente al crimen de persecución. Romero destacó que “una investigación genuina y eficiente solo puede beneficiar a un Estado que reconozca a la justicia como fin último.”

Además, en las observaciones presentadas también se resaltó la situación de las 271 personas privadas de libertad por razones políticas que aún se encuentran detenidas en Venezuela, entre las cuales 113 han estado privadas de libertad de manera preventiva por más de tres años sin haber sido condenadas, lo cual constituye una clara violación de la ley nacional y de los estándares mínimos internacionales.

Entre estos detenidos se encuentran mujeres y hombres inocentes, incluyendo al defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona y la ciudadana Emirlendris Benítez.