El gobierno de Nicolás Maduro repudió este jueves la decisión de Brasil de vetar la entrada de Venezuela al grupo de economías emergentes Brics, un acto que Caracas ve como un «gesto hostil» y una «agresión» contra los intereses de la nación, que lleva años buscando insistentemente ser admitida en este bloque.
En un comunicado, la Cancillería venezolana expresó que con este veto se está «reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir, por ahora, el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización».
Esto es «una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra un pueblo valiente y revolucionario. Ninguna artimaña o maniobra concebidas contra Venezuela detendrán el curso de la historia», señala el comunicado.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro aseguró que contaba con «el respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre -celebrada en Rusia entre el 22 y el 24 de octubre- para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración».
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Brasil decidió mantener el veto de Venezuela en los Brics
Pero -prosigue el texto-, «a través de una acción que contradice la naturaleza y postulados de los Brics, la representación de la Cancillería brasileña decidió mantener el veto que (el expresidente de Brasil Jair) Bolsonaro (2019-2022) aplicó a Venezuela durante años».
«El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral de la Cancillería brasileña», añade el comunicado.
El excanciller y asesor del gobierno brasileño Celso Amorín había adelantado que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no impulsaría el ingreso de Venezuela a los Brics, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica.
Venezuela y Brasil se han distanciado desde las elecciones de 28 de julio, en las que las autoridades electorales venezolanas proclamaron la victoria de Maduro, un resultado señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria y cuestionado por diversos gobiernos, entre ellos el de Lula.
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