Venezolanos y haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal —TPS— solicitaron este lunes a un juez federal en California bloquear la orden de la Casa Blanca que pone fin a este amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.
Durante una audiencia en una corte de San Francisco, los demandantes pidieron que se suspenda la orden de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de finalizar las protecciones para unos 350.000 venezolanos y cerca de 500.000 haitianos beneficiados con el TPS, mientras se desarrolla el litigio.
Según la demanda, la decisión de eliminar el TPS para estas dos comunidades está motivada por presunto racismo y la secretaria carece de autoridad para revocar las protecciones porque la administración del expresidente Joe Biden había aprobado una extensión de 18 meses.
Para los venezolanos y haitianos con TPS, es «ilegal y perjudicial»
La Alianza Nacional del TPS, que agrupa a decenas de miles de beneficiarios y organizaciones, encabeza la demanda.
«La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable», señaló José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.
El recurso legal busca proteger a más de un millón de beneficiarios del TPS.
«Me sentí conmocionado y devastado cuando supe que nos iban a retirar el TPS en tan solo una semana. Este programa nos ha dado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con seguridad», expresó un demandante venezolano identificado como E.R., quien perdería su protección el próximo 2 de abril si la corte no interviene.
La Alianza TPS se formó tras el intento del presidente Donald Trump en 2018 de poner fin al amparo para al menos seis países, un esfuerzo que fue bloqueado en los tribunales.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, reiteró que la secretaria Kristi Noem «no tiene la facultad de eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley».
Noticias Relacionadas
