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En un trágico episodio que resalta la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en Colombia, Carlos Alberto Aristizábal, reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Dorado en Pereira, Risaralda, fue asesinado a tiros. Con su muerte, el país registra el asesinato número 100 de un líder social en lo que va del 2024.
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Aristizábal, además de su liderazgo en el Barrio El Dorado, era delegado de Asojuntas por la Comuna Consotá y delegado de la Federación de Juntas de Pereira. Según reportes preliminares, el líder fue atacado mientras se encontraba en la Caseta Comunal del barrio, un lugar que frecuentaba debido a sus responsabilidades comunitarias.
Las autoridades locales aún no han brindado detalles completos sobre los posibles móviles del crimen. No obstante, información de medios locales sugiere que Aristizábal había recibido amenazas de muerte desde 2023, vinculadas a denuncias que realizó sobre invasiones en su barrio.
La Defensoría del Pueblo, en los documentos AT 041/20 y AT 019/23, ya había identificado a Pereira como una zona de alto riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos, resaltando los peligros que estos enfrentan ante la imposición de normas y control social por parte de grupos armados.
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Entre los grupos que operan en el municipio se destacan La Cordillera, Los Flacos y otras bandas de carácter local, quienes continúan ejerciendo una influencia perniciosa sobre la región. La presencia del Ejército colombiano, específicamente la Quinta División del Ejército, no ha sido suficiente para mitigar la violencia en la zona.
La comunidad de Pereira y organizaciones de derechos humanos han expresado su consternación y condena ante este nuevo acto de violencia. La urgencia de implementar medidas efectivas de protección para líderes sociales y de derechos humanos es más evidente que nunca, ante un panorama que no muestra señales de mejora.
