La activista chavista Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como otros 14 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron oficialmente incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea. Los países del bloque consideran que estas personas socavan la democracia y el Estado de derecho en el país.
«En su cargo de presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez es responsable de declarar incontestable la proclamada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque el TSJ no divulgó los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia, y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral», señala la decisión.
«En su calidad de presidenta de la Sala Electoral del TSJ, también es responsable de interferir en las elecciones primarias de la oposición, obstaculizando así la preparación de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de julio de 2024″, agrega.
En la foto, aparecen Caryslia Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. Foto: Yuri Cortez / AFP
En la lista están incluidos otros funcionarios de la máxima corte venezolana: Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral; Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, y Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
Sobre Márquez Cordero y Figueroa Arizaleta, la Unión Europea los señala por la certificación de los resultados de las elecciones. Y a Gil Rodríguez lo acusa de participar en la decisión que tomó la Sala Político-Administrativa de excluir en enero de 2024 a María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales.
¿Qué otros funcionarios del chavismo fueron sancionados por la Unión Europea?
La Unión Europea también sancionó a:
Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, por firmar un documento, por causar retrasos en los procesos de los centros electorales y prohibir aceptar mensajes de la oposición democrática dirigidos al órgano electoral que revelaban irregularidades.
«Antes de asumir sus funciones en el CNE, firmó un documento de la Superintendencia de Auditoría en el que confirmaba la suspensión de los derechos electorales de María Corina Machado, líder de la oposición», señala.
Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, quien estuvo «plenamente implicado» en la toma de decisiones del CNE, o que obstaculizó un proceso electoral transparente y la publicación de unos resultados electorales exactos. «Por lo tanto, tuvo un papel crucial en la gestión de las elecciones presidenciales».
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