Unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en Colorado no podrán ser deportados a El Salvador luego de que una jueza dictaminara este martes que el Gobierno federal no puede expulsar a dos de ellos sin antes revisar sus casos o brindarles la oportunidad de una audiencia ante un juez.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a los dos venezolanos, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados.
El dictamen afecta el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos de deportar a El Salvador a unos 100 hombres venezolanos actualmente alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.
«Por primera vez en meses podemos respirar aliviados», dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión.
«Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía», expresó la abogada.
En un audiencia este lunes ante Sweeney, los abogados del Gobierno federal argumentaron que una restricción judicial «obstaculizaría la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración», incluyendo «arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad.»
La jueza desestimó esa postura, subrayando que ACLU demostró que los inmigrantes «corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente» y que «sufrirían daños irreparables» si quedasen encarcelados en El Salvador.
Según los documentos judiciales, ambos venezolanos cruzaron la frontera mexico-estadounidense en Texas «hace algunos años», como lo hicieron unos 40.000 compatriotas suyos de 2022 a 2024, quienes también llegaron a Colorado.
En su orden, la jueza Sweeney prohibió al Gobierno federal trasladar a los dos hombres a El Salvador y les ordenó permanecer en Colorado.
De ser trasladados, ellos y otros venezolanos tendrían derecho a solicitar una revisión judicial y a recibir información legal «en un idioma que entiendan», es decir, en este caso, español.
Sweeney también afirmó que ACLU demostró que sus representados probablemente «sufrirían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar», por lo que decidió a favor de la ACLU «en beneficio del interés público».
Además, cuestionó el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, aunque los abogados del Gobierno le dijeron a la jueza este lunes que esa ley no estaba siendo usada en este caso.
La abogada Lunn enfatizó que la demanda a favor de los venezolanos no pide que queden en libertad o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez.
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