Una jueza federal en Colorado emitió un fallo de emergencia que bloquea temporalmente la aplicación de la Ley de Extranjeros Enemigos, una norma del siglo XVIII, para deportar a inmigrantes venezolanos indocumentados que viven en ese estado, según se informó este martes.
La jueza Charlotte N. Sweeney resolvió a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos detenidos bajo acusaciones de estar vinculados con la banda Tren de Aragua (TdA), lo cual ellos niegan, según sus defensores legales.
El fallo, recogida por EFE, impide momentáneamente la deportación de todos los extranjeros actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado que puedan ser expulsados con base en la Ley de Extranjeros Enemigos, invocada por el expresidente Donald Trump el mes pasado.
Fundamenta decisión de la Corte Suprema
Esta decisión se fundamenta en un reciente dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, que establece que cualquier persona deportada bajo esta ley tiene derecho a una audiencia de apelación en una corte federal antes de su expulsión.
Por esta razón, jueces federales en Nueva York y Texas también han decidido suspender provisionalmente las deportaciones en sus respectivos estados hasta que se determine un proceso legal que permita dichas apelaciones.
En el caso de Colorado, la medida de suspensión tendrá efecto por 14 días, y la jueza Sweeney ha fijado una audiencia para el 21 de abril.
Es relevante señalar que esta ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial en el caso de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa.
Los venezolanos beneficiarios
Uno de los beneficiarios del fallo es D.B.U., un hombre de 31 años que huyó de Venezuela tras ser encarcelado por motivos políticos. Fue arrestado en enero durante una redada en una “fiesta del Tren de Aragua” en el Condado Adams, al norte de Denver, según autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas.
La DEA informó que 41 de los detenidos esa noche no tenían estatus migratorio legal y que “decenas de ellas” estarían relacionadas con dicha organización criminal, incluyendo a D.B.U., identificado por un tatuaje.
El otro caso defendido por la ACLU es el de R.M.M., de 25 años, quien escapó de Venezuela tras el asesinato de dos familiares por pandilleros. Fue detenido en marzo luego de ser visto por agentes federales frente a un edificio asociado a miembros de esa banda. También él fue señalado como integrante del grupo por sus tatuajes.
En su argumento legal, la ACLU sostiene que “la actividad delictiva no cumple con las definiciones tradicionales” de los “requisitos legales” para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que los inmigrantes “no representan ni a un país extranjero ni a un ejército invasor”. Además, la organización subraya que dicha norma “sólo se aplicó anteriormente en tiempos de guerra”.
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