El presidente Donald Trump promulgó este viernes su reforma fiscal, llamada “Big Beautiful Bill”, y demostró una vez más que sabe cómo vender. La semana pasada, cuando muchos legisladores todavía no entendían del todo el contenido de su megaproyecto de ley y la iniciativa había sufrido un traspié en el Senado, Trump elevó la presión con un auténtico pitch de ventas en un evento en la Casa Blanca en el que echó mano a la yugular de su política: el histórico paquete de leyes, que quería que estuviera listo para firmar el Día de la Independencia, daría tanto dinero para deportar inmigrantes, blindar la frontera y hacer el país “seguro” que apoyarlo era algo que no se requería pensar mucho. Y así fue.
Tal y como quería, Trump promulgó el 4 de julio la ley durante una ceremonia en la Casa Blanca, con aviones cazas sobrevolando con piruetas conmemorativas. El presidente republicano dijo que “nunca había visto a tanta gente feliz”, por lo que llamó “la mayor reducción de impuestos, el mayor recorte de gasto y la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia de Estados Unidos”.
En el centro del controversial paquete de leyes está un presupuesto que convertirá de la noche a la mañana al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la agencia de seguridad federal mejor financiada en la historia de Estados Unidos, según estimaciones de organismos independientes. El aparato migratorio estadounidense tendrá, de acuerdo con estos cálculos, un presupuesto sin precedentes de más de 100.000 millones de dólares. Algunas previsiones cifran el total destinado a actividades de control migratorio en 170.000 millones de dólares, más que el Producto Interno Bruto de muchos países.
El presupuesto del ICE era hasta ahora de 8.000 millones, pero este año ya se había excedido en 1.000 millones debido a una galopante ofensiva migratoria impulsada por el presidente Trump, que ha pedido arrestar unos 3.000 inmigrantes por día. La agenda ha resultado en un clima de terror entre los inmigrantes, afectando industrias como la agricultura, construcción y hotelería, y ha desatado protestas, particularmente en California, que han dejado decenas de heridos y cientos de detenidos. El exceso de gastos llevó a legisladores del Comité de Asignaciones del Senado a cuestionar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y añadió urgencia a los llamados para que el Congreso aprobara el “Big Beautiful Bill”.
El nuevo presupuesto del ICE superará el de todas las dependencias del Departamento de Justicia combinadas —que incluye al Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles (US Marshall), entre otras agencias. El FBI, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto para el año fiscal 2026 de unos 10.100 millones. El de la DEA es de menos de 3.000 millones.
El ICE recibirá 45.000 millones para construir nuevos centros de detención de inmigrantes —como el recién inaugurado Alligator Alcatraz, levantado en menos de dos semanas con carpas temporales en el medio de los Everglades, al oeste de Miami. Esto aumentará a más del doble la capacidad para albergar personas detenidas, estimada ahora en un máximo de 41.500. Unos 14.000 millones de dólares serán destinados a operaciones de deportación, según el Centro Brennan, un instituto independiente de derecho y políticas públicas en Nueva York.
Los fondos también permitirán contratar y entrenar más agentes, e impulsar más arrestos en complejos operativos coordinados con autoridades locales en todo el país, bajo un programa conocido como 289(g). El personal del ICE aumentará de unos 20.000 agentes a 100.000, según un análisis de Reuters y el American Immigration Council, una organización pro-inmigrante.
En contraste, la nueva ley destina unos 3.300 millones a contratar más jueces, abogados y personal de inmigración, un desequilibrio fundamental en el sistema donde más recursos serán destinados a las detenciones que al procesamiento en tribunales, agravando el retraso existente, según el American Immigration Council. Algunos centros de estudios calculan que hay una acumulación de unos 3.700 millones de casos en los tribunales de inmigración de EE UU.
Por otro lado, la norma contempla aumentar las tarifas de los trámites migratorios. Solicitar Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, aumentará de 50 a 500 dólares —un 900%—, y el parole humanitario subirá de 630 a 1.000 dólares.
Por primera vez, los solicitantes de asilo en EE UU deberán pagar una tarifa de 100 dólares. Hasta el momento EE UU no cobraba por las solicitudes de asilo, en línea con protocolos y convenciones internacionales de protección a personas vulnerables que ven esta práctica como un obstáculo, particularmente para personas empobrecidas o perseguidas.
Unos 46.000 millones estarán dirigidos a la ampliación del muro en la frontera con México, así como 5.000 millones para puntos de control y 4.000 millones para agentes fronterizos. Si bien para Trump el muro es una promesa inconclusa de su primer mandato, en la práctica las cifras de cruces ilegales se han desplomado a récords históricos desde que llegó a la Casa Blanca otra vez en enero con una agenda antiinmigrante que incluyó la suspensión del sistema de asilo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, una agencia independiente que proporciona análisis económicos de políticas públicas y proyectos de ley, estima que la nueva ley aumentará el déficit nacional en unos 3,3 billones. Grupos como The Tax Foundation, un think tank no partidista en Washington, ha señalado elementos positivos en la ley como cierta estabilidad fiscal y apoyo a la inversión, pero ha destacado un exceso de exenciones y politización.
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