Desde mucho tiempo antes de su arrollador triunfo electoral, se viene produciendo un debate de carácter planetario: de qué modo la presidencia de Donald Trump afectará la economía y la política de los distintos países o regiones del mundo. Cierto es que, con cada cambio de gobierno en Estados Unidos, florecen los pronósticos. Pero lo ocurrido en estos meses sobrepasa toda previsión.
Sobre la afirmación de que Trump es imprevisible, se han escrito millones y millones de páginas con las más disímiles especulaciones, que tienen muy pocos puntos en común y sí muchas discrepancias. Puede decirse que hay tantos Trump como artículos escritos sobre lo que ocurrirá en los próximos años, a partir de sus decisiones.
Y aunque no es el motivo de este artículo, introduciré aquí un breve comentario sobre el tema de la irradiación de Trump sobre la economía de Europa, ahora mismo encorsetada y con extremas dificultades para competir, atrapada como está en un estatuto de regulaciones e intervencionismo estatal, cada vez más rígido y dependiente de las agendas del progresismo empobrecedor. Estoy entre los que creen que Trump pondrá a Europa en un dilema de enormes consecuencias: o desregula e inicia un camino decisivo de innovación tecnológica o el futuro de las economías europeas continuará su declive. Sin embargo, vuelvo de inmediato al tema del artículo.
No ha escapado Venezuela de la corriente especulativa. En nuestro caso, la cuestión oscila entre dos extremos: de una parte, los que anuncian que Trump “no hará nada” porque está amarrado por los intereses de las empresas petroleras, y de la otra, los que anhelan una solución militar a la tragedia venezolana y sostienen que Trump será su estímulo determinante. Entre estos extremos han surgido un sinnúmero de hipótesis, un catálogo de afirmaciones, a veces sin otro fundamento que el “yo creo”. Pero, ¿qué nos sugieren los hechos hasta ahora?
Sobre el papel que la industria petrolera estadounidense y trasnacional tendría para apaciguar o neutralizar a Trump con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro, hay dos datos que no pueden omitirse. El primero, la declaración de Trump en la que formula el objetivo de que Estados Unidos alcance, en el plazo más perentorio posible, metas de autoabastecimiento en materia de combustibles fósiles. En otras palabras, que no se importe más petróleo de Venezuela. No solo eso: también se ha propuesto que Europa aumente sus compras de petróleo y gas estadounidenses. Trump quiere que Estados Unidos se convierta en un referente exportador.
Acompasado con esto, el senador republicano Marco Rubio ha propuesto sin eufemismos que se revoquen las licencias que le permiten a Chevron operar en Venezuela, porque el resultado financiero de esas operaciones beneficia al régimen directamente. Además, y este es un argumento fundamental, Maduro no ha cumplido con los compromisos adquiridos en sesiones de diálogo ni en las negociaciones para el otorgamiento de las licencias petroleras. Desde hace años Rubio ha venido insistiendo en la necesidad de cortar las fuentes de ingresos de las dictaduras, porque esos recursos se utilizan para reprimir a los ciudadanos y prolongar a los regímenes en el poder.
El jueves 16 de enero, durante su intervención en el Senado, en la sesión para confirmar su designación como secretario de Estado, Rubio se refirió, además, a la otra cuestión que debo considerar en este artículo: el candente tema de la migración. Volvió a denunciar cómo narcoterroristas y dictadores aprovechan las fronteras abiertas de Estados Unidos como puerta de salida para las víctimas de sus políticas violatorias de los derechos humanos y promotoras del empobrecimiento.
Las declaraciones de Rubio no son, como han sugerido algunos analistas, opiniones solo personales. Son expresiones de una visión, que no tardará en constituirse en una política gubernamental, que tendrá como objetivo encontrar una solución pragmática: reducir drásticamente el ingreso de inmigrantes a través de mecanismos no previstos en la ley y, además, estimular para que los emigrados venezolanos que están en territorio de Estados Unidos se animen a regresar a Venezuela, pero no a esta Venezuela de hoy, sino a un país que ha logrado liberarse de la dictadura que la oprime desde hace más de un cuarto de siglo. Aunque se trata de problemáticas muy distintas, incomparables, el rápido, pragmático y eficaz acuerdo de una tregua entre israelíes y palestinos alcanzado el 16 de enero nos ofrece una pista: Trump apostará por la pronta solución de los problemas, especialmente si ellos amenazan a la seguridad de la nación estadounidense.
Estos hechos nos conducen a otra materia de especulaciones recientes: si con Trump continuarán o no los intentos de dialogar con la dictadura de Maduro. Si la política de Biden, de la que mucho provecho obtuvo el régimen, continuará reproduciéndose.
Si después del fraude descarado y masivo del 28 de julio, y del golpe de Estado del 10 de enero, es posible sentarse a negociar con los representantes de un régimen que tiene raíces cada día más profundas, y ramajes cada vez más extendidos, con la narcoguerrilla, el tráfico de drogas y centenares de bandas de delincuentes, dentro y fuera de Venezuela. ¿Dialogará Trump con el poder criminal? No es probable. Lo que sí es probable es que, desde el primer día de su gobierno, actúe para lograr que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela, lo más pronto que sea posible. Eso es lo que viene. Trump y Rubio trabajando para la instauración de un nuevo período democrático.
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