El presidente Donald Trump dijo que su gobierno procederá a suspender las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta en 2020 indicando que la saga de la computadora portátil de Hunter Biden tenía las características de una “operación de información rusa”.
La medida es un primer indicio de la determinación de Trump de imponer represalias a quienes percibe como adversarios y es el último punto de tensión entre Trump y los servicios de inteligencia, a los que ha despreciado abiertamente.
La medida, anunciada el lunes mediante una orden ejecutiva, también plantea un posible desafío judicial por parte de ex funcionarios que pretenden mantener el acceso a información gubernamental sensible.
“El presidente tiene mucha autoridad en lo que respecta a las autorizaciones de seguridad. El problema al que se enfrentará la Casa Blanca es que, si se apartan de sus procedimientos existentes, podrían establecer una apelación judicial para estas 51 personas, y probablemente será una demanda colectiva ya que todos están en circunstancias similares o iguales”, dijo Dan Meyer, un abogado de Washington que se especializa en el proceso de autorización de seguridad y verificación de antecedentes.
La orden ejecutiva afecta las autorizaciones de 50 personas en total, incluidos los 49 firmantes sobrevivientes. La lista incluye a funcionarios prominentes como James Clapper, el exdirector de inteligencia nacional bajo el presidente Barack Obama y John Brennan, exdirector de la CIA de Obama.
También está dirigido John Bolton, quien fue despedido como asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y luego escribió un libro cuya publicación la Casa Blanca intentó bloquear por motivos de que revelaba información de seguridad nacional.
No estaba claro cuántos de los exfuncionarios aún mantienen autorizaciones de seguridad.
Mark Zaid, un abogado que representa a ocho personas que firmaron la carta, dijo que la acción de Trump servía como un “mensaje de política pública a su base de derecha” aunque el impacto práctico puede no ser significativo para aquellos que ya no tienen o necesitan una autorización. Dijo que demandaría al gobierno en nombre de cualquier cliente que quisiera impugnar la orden.
“No hay nada en esto que me muestre, independientemente de la autoridad presidencial, que esta acción no esté sujeta a la ley y política existentes que exigen un debido proceso sustantivo y procedimental”, dijo Zaid.
El problema es una carta de octubre de 2020 firmada por exfuncionarios de inteligencia que expresaron alarma sobre el origen de los correos electrónicos informados por The New York Post que supuestamente provenían de un laptop que Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, había dejado en una tienda de reparación de computadoras en Wilmington, Delaware.
El periódico dijo que había obtenido un disco duro del laptop de Rudy Giuliani, un aliado de largo plazo de Trump, y las comunicaciones que publicó estaban relacionadas con los negocios de Hunter Biden en Ucrania.
Los firmantes de la carta escribieron que no sabían si los correos electrónicos eran auténticos o no, pero que su aparición tenía “todas las características clásicas de una operación de información rusa”.
Pero el director de inteligencia nacional de Trump, John Ratcliffe — también su actual elección para liderar la CIA — contradijo esa evaluación diciendo que no había inteligencia que respaldara la idea de que Rusia tuviera algo que ver con la computadora portátil de Hunter Biden.
El FBI, que estaba llevando a cabo sus propias investigaciones criminales sobre el hijo menor de Biden, pareció respaldar la declaración de Ratcliffe diciéndole al Congreso en una carta que no tenía nada que agregar a lo que él había dicho.
Hunter Biden fue posteriormente condenado por cargos de impuestos y armas, pero fue indultado el mes pasado por su padre.
Aunque los tribunales históricamente son reacios a intervenir en disputas que involucran autorizaciones de seguridad, la suspensión unilateral por parte de Trump es una desviación del protocolo estándar en el que las agencias individuales del poder ejecutivo serían encargadas de crear una investigación sobre la idoneidad de una persona para una autorización o si debería ser revocada.
A lo largo de su primera presidencia, Trump despotricó contra los servicios de inteligencia, que en su opinión se habían politizado en su contra, y citó repetidamente la investigación sobre los vínculos entre Rusia y su campaña de 2016.
En agosto de 2018, anunció que había revocado la autorización de Brennan, que dirigía la CIA cuando comenzó la investigación sobre Rusia y se convirtió en un destacado crítico de Trump.
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