Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió este sábado que podría actuar contra abogados y equipos legales que presenten demandas contra sus políticas migratorias. La declaración se da en medio de un nuevo intento por ampliar el poder del gobierno federal.
En un memorando firmado el viernes y difundido por la Casa Blanca el sábado, Trump acusó a abogados de promover fraudes generalizados y reclamos sin fundamento en el sistema migratorio.
Ante esto, ordenó al Departamento de Justicia que tome medidas disciplinarias contra quienes, según su criterio, estén incurriendo en malas prácticas profesionales.
El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a «imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos», reseñó la agencia EFE.
El presidente pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que envíe a la Casa Blanca los nombres de los bufetes involucrados, con el objetivo de quitarles credenciales y anular cualquier contrato vigente con el gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como otro paso de Trump hacia el desmantelamiento del Estado de derecho. A su juicio, Trump intenta silenciar a los abogados que buscan exigir al gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.
«Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia», denunció Wang.
Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.
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