Nicolás Maduro ratificará este viernes su permanencia en el poder en Venezuela bajo el mayor escrutinio interno y mundial en sus casi 12 años al frente del ejecutivo, debido a su desempeño político y económico, las controversiales elecciones del año pasado y las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, según expertos e informes de organismos internacionales.
Maduro, de 62 años, es heredero político del expresidente y teniente coronel Hugo Chávez, quien fundó un proyecto de corte socialista, “revolucionario” y “antiimperialista” cuya conducción el hoy gobernante heredó tras su muerte, reportada en marzo de 2013.
Después de varios años ejerciendo como diputado, ministro, canciller y vicepresidente del gobierno de Chávez, Nicolás Maduro ganó las elecciones realizadas fugazmente en 2013 con una estrecha ventaja de poco más de 200.000 votos sobre su contendor opositor.
Maduro “llegó al poder de manera controvertida gracias a un ventajismo muy grande por parte del Estado” para ganar aquellas elecciones de 2013 y, desde entonces, ha demostrado su disposición “a usar la represión de manera más extrema para mantenerse en el poder”, según el sociólogo y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trak.
Inició entonces un primer período de gobierno marcado por cuestionamientos a la legitimidad de su asunción al poder y la transparencia de los resultados de aquellas votaciones, pero también por una economía en aprietos, donde escaseaban productos de primera necesidad, como artículos de higiene y alimentos básicos, como la harina.
Su popularidad fue paulatinamente cayendo hasta llegar a ser una de las más bajas entre los gobernantes del continente, inferior a los 20 puntos porcentuales, de acuerdo con firmas locales como Datanálisis, Delphos y Datincorp, así como otros sondeos foráneos.
Casi de entrada, su gobierno ha experimentado crisis política tras crisis política en medio de masivas protestas de calle, como las ocurridas en 2014, 2017, 2019 y, más recientemente, justo después de las polémicas elecciones de 2024, que la oposición considera fraudulentas y dice haber ganado con más de 36 puntos de ventaja, con base en las actas de votación.
Maduro apostó además en 2017 por convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que sus opositores y parte de la comunidad internacional consideraron ilegal e ilegítima, todo ello luego de que varias sentencias de la máxima corte del país anularon la victoria opositora en el parlamento e impidieron a ese poder legislar según sus competencias.
La represión de las protestas contra su gobierno dio pie a la imposición de sanciones económicas desde 2017 contra funcionarios y jefes militares y policiales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Ya en 2019, tras ganar Maduro su reelección sin el concurso electoral de la oposición, el presidente estadounidense Donald Trump anunció sanciones contra instituciones políticas y financieras del gobierno venezolano.
Según voceros y analistas, se trataba de una política de máxima presión para forzar su salida del poder, que incluyó su desconocimiento como mandatario legítimo y el desconocimiento como presidente interino del líder parlamentario, el opositor Juan Guaidó, exilado en Estados Unidos desde hace más de un año.
Maduro y sus colaboradores denuncian que aquellas sanciones -más de 900, según sus cálculos- son un “bloqueo” y forman parte de una presunta conspiración internacional para sacarlo del poder.
Durante la presidencia de Maduro, Venezuela experimentó 4 años de hiperinflación, tuvo el peor aumento de precios del mundo por varios años y registró una caída de más de 70 puntos porcentuales en su producto interno bruto.
Sus críticos y expertos independientes, sin embargo, atribuyen esa prolongada crisis económica venezolana a erradas políticas financieras y a altos niveles de corrupción.
Maduro “ha destruido sistemáticamente” la economía y la institucionalidad política de Venezuela, concluye el politólogo José Vicente Carrasquero, lo que incluye la “mala” calidad de vida de los ciudadanos, retraso tecnológico y un “control” populista.
Al menos 7,8 millones de venezolanos han emigrado de su país por la crisis política, económica, social y de derechos humanos de los últimos años, según la plataforma de cooperación interagencial para refugiados y migrantes conocida como R4V. Es considerada la segunda movilización más grande del mundo y la primera entre las que no ocurren por conflictos bélicos o armados.
Un gobernante cuestionado
Este viernes, Maduro prevé juramentarse como presidente por 6 años más ante la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, y el resto de los poderes públicos del país, también liderados por funcionarios que militaron en el partido de gobierno.
No obstante, sus opositores y varios países, entre ellos Estados Unidos, lo llaman a dar un paso a un costado para permitir una transición democrática a la luz de los resultados de la elección presidencial de julio de 2024. Esos comicios fueron la piedra fundacional de una nueva ronda de protestas en su contra y de otra ola de represión y persecución de activistas y dirigentes políticos, la peor en todos sus años de gobierno, según especialistas.
La Misión Internacional Independiente para Determinación de Hechos en Venezuela, creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que el gobierno de Maduro ha cometido crímenes contra la humanidad. Según sus reportes recientes, el “aparato represivo” se encuentra en plena marcha tras las elecciones.
También, en un hecho sin precedentes en América, la Corte Penal Internacional abrió y continúa una investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, que incluyen denuncias de arrestos masivos, torturas y tratos crueles contra disidentes políticos.
En esos informes de organismos internacionales ha quedado en evidencia “la erosión del estado de derecho y el continuo deterioro de los derechos humanos” en el país, de acuerdo con el investigador y defensor de DDHH, Carlos Lusverti.
Desde el primer mandato de Maduro, el balance del respeto a los derechos humanos “es bastante negativo”, valora la activista de derechos humanos Ligia Bolívar.
“Es una denegación sistemática de derechos políticos en el país y se ha acentuado a lo largo de su gobierno. Es una imposición por la fuerza, por el poder de las armas”, apunta.
Carrasquero, por su lado, subraya que Maduro se mantiene en el poder gracias a prácticas de “terrorismo de Estado” y a la violación sucesiva de los derechos fundamentales.
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