Maduro y su camarilla castro-comunista han secuestrado a Venezuela. Para eso, han usado todas las artimañas propias de una mafia criminal. Han perseguido, encarcelado y torturado a todo el que se moviera contra ellos. Han colonizado todas las instituciones, incluidos los partidos políticos que bailan al son cubano que el régimen marca
El presidente legalmente electo, dentro de la Constitución chavista, Edmundo González Urrutia, sigue estableciendo contactos –seguramente indispensables– con los altos representantes mundiales. Una de su más recientes visita ha sido al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. EGU ha salido de esa reunión «satisfecho». No ha trascendido si Khan le ha asegurado que avanza la investigación contra el gobierno de Maduro, abierta desde 2021, acusado de crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
El prontuario contra Maduro son los que lesionan e infringen las leyes internacionales sobre derechos humanos. Está señalado por: Asesinatos extrajudiciales, señalados por ejecuciones de civiles, en medio de protestas ciudadanas. Uso habitual de tortura y trato criminal contra los detenidos. Secuestro de manifestantes y opositores políticos. Personas desaparecidas o muertas tras su captura. Represión mantenida contra la oposición política y la sociedad civil. Todo dentro de un marco de eliminación de la libertad de expresión.
Sería de agradecer, como mínimo, que el fiscal internacional se diera un poco de prisa en su investigación dado el nuevo panorama que impone a Venezuela, Maduro y su régimen, saltándose toda la legalidad institucional al haberse arrogado la presidencia de la República, que no le corresponde, mientras sigue cometiendo sus particulares crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. ¿Lo hará? Los venezolanos y el mundo decente esperan de Khan lo mejor.
El fiscal Khan posee una larga trayectoria en su carrera judicial. Nació en Edimburgo, Escocia el 30 de marzo de 1970, pronto cumplirá 55 años. De padre paquistaní, madre británica. Khan profesa como Ahmadí, una rama rebelde del Islam. Se graduó como abogado en el King’s College de Londres, tras practicar como defensor y fiscal, se especializó en la justicia internacional. En ese oficio tiene larga experiencia en escenarios tales como Yugoslavia, Ruanda, Líbano y Sierra Leona. Sin duda es un fiscal con probado ejercicio en conflictos internacionales.
Pero, como suele sucederles a esos fiscales, no se ha salvado de controversias y señalamientos en su contra por un pasado como abogado defensor. Tuvo como clientes a Seif al Islam, hijo de Muamar al Gadafi y a Charles Taylor, expresidente de Liberia, ambos acusados de crímenes de guerra. Y defendió al actual presidente de Kenia, William Ruto, acusado de agitar la violencia poselectoral con más de 1.200 cadáveres en 2007. El eficiente abogado defensor Khan consiguió que el tribunal desestimara ese caso.
Khan viene de la ONU, donde fue nombrado por Antonio Guterres en 2018, asesor especial y jefe del equipo investigador de los crímenes atribuidos al Estado Islámico en Irak. En 2021 fue elegido fiscal jefe de la CPI por nueve años. Es el tercero que ocupa ese cargo, desde su creación en 2002. Es conocido por haber detenido la investigación contra Estados Unidos por actos criminales de su ejército en Afganistán, que inició su predecesora en el cargo en 2020. Y, recientemente, por haber pedido arrestar a Netanyahu, a su ministro Yoav Gallant y los líderes de Hamás. Y no ha olvidado señalar a Putin. La pregunta ahora es cómo manejará el asunto Maduro, con ese historial judicial que carga a sus espaldas. El mundo libre, que conoce bien la catadura del dictador Maduro, espera que reine el imperio de la ley al que se debe Khan desde esa alta responsabilidad internacional.
La CPI está auspiciada por la mayoría de los países signatarios de Estatuto de Roma, institución que lo creó. Sin embargo, Rusia, Estados Unidos, Israel, China no son signatarios de esa Corte. Ese tribunal no puede ejercer su jurisdicción en esos territorios. Venezuela sí firmó, por lo tanto, el fiscal Khan está facultado para concluir su investigación y arrestar a Maduro y sus socios en la misma Caracas, si diera fallo firme. Publicado por la BBC británica, el fiscal Khan ha dicho: “(..) existen bases razonables para creer que, funcionarios gubernamentales y militares, perpetraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas”. Sin dudas, que a esas apreciaciones del fiscal internacional se le pueden agregar las punibles acciones que el régimen han seguido cometiendo desde 2017 al día de hoy.
La CPI desestimó un recurso de apelación presentado por el gobierno venezolano en el que le exigían detener el avance de las investigaciones en contra de Maduro y su régimen. El tribunal decidió continuar sus investigaciones. Maduro les contestó: «Responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, sobre una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido». Ojalá que Khan sea diligente y llegue hasta el final. Y la visita de EGU no haya sido en vano. La libertad se demora, pero termina llegando.
Carlos Pérez-Ariza es doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga.
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