Las calles de Lima lucían casi sin autobuses del transporte público el miércoles luego de que gremios de choferes y decenas de mercados de alimentos paralizaron sus actividades por tercera vez en un mes para protestar contra el gobierno por el aumento de la delincuencia, en especial de las extorsiones.
La paralización provocó que las autoridades suspendieran las clases presenciales para casi dos millones de escolares, mientras más de 13.000 policías salieron a las calles junto a soldados. En varios paraderos los militares instalaron vehículos blindados que suele sacar de los cuarteles los días de protestas.
Canales de televisión locales mostraban a trabajadores que viven a más de 20 kilómetros del centro de esta ciudad de 10 millones de habitantes que esperaban autobuses en diversos paraderos. Se observaron automóviles que ofrecían transporte por hasta cinco dólares, un precio que hasta quintuplica el costo del pasaje.
Más de dos decenas de mercados de alimentos en el norte de la capital no atendían clientes y los comerciantes, vestidos con sus mandiles, golpeaban ollas. En las afueras algunos carteles decían: “No a las extorsiones, basta de sangre derramada”.
Katherine Gómez, representante de los mercados, dijo a la prensa que “el gobierno nos está impulsando a salir a las calles, parece que la presidenta Dina Boluarte cree que no pasa nada cuando nos están matando”. En una zona alejada del centro, la policía quitó banderas del Perú y golpeó con sus bastones a manifestantes quienes insultaron a los agentes llamándolos “perros».
También se han registrado protestas en otras regiones del país incluidas Piura, Junín y Arequipa.
Entre 2021 y 2023 las extorsiones se han quintuplicado en Perú, según datos oficiales. En septiembre tres choferes fueron asesinados en diferentes eventos relacionados con extorsiones y un autobús recibió más de 20 disparos en la capital.
Hace cuatro semanas, durante la primera paralización masiva de autobuses en Lima, el gobierno declaró la emergencia por 60 días para combatir la delincuencia en 14 de los 50 distritos de los suburbios de la capital.
Esa emergencia incluye la limitación de las garantías constitucionales como el libre tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, pero al momento no se han detenido los delitos.
Hace una semana un maestro fue asesinado por un hombre dentro de su escuela y delante de sus alumnos. Dos semanas atrás un chofer y tres pasajeros murieron acribillados en un minibús en una zona urbana del puerto del Callao. La policía no ha esclarecido ambos asesinatos.
La presidenta Boluarte señaló el martes a los migrantes venezolanos como responsables del aumento de la delincuencia y dijo que supervisarán las remesas enviadas a Venezuela y se les exigirá contratos de trabajo y del alquiler de sus viviendas.
También indicó que a la paralización se querían sumar un grupo de personas que vienen “con una agenda política” en referencia a una serie de protestas que exigían su renuncia a fines de 2022 y los primeros meses de 2023 que dejaron decenas de muertos.
Gremios empresariales de Perú dijeron recientemente que el Estado está «perdiendo la batalla» contra el crimen organizado, en una escalada que ha forzado al gobierno a convocar a los militares para ayudar a la policía a velar por la seguridad en Lima.
Las extorsiones no son recientes en Perú. Empezaron a reportarse hace más de dos décadas en la región norteña de La Libertad contra pequeños empresarios, incluidos los del transporte público cuyas unidades fueron incendiadas en varias ocasiones.
El fenómeno delictivo llegó a las zonas periféricas de Lima en los últimos años y en marzo el gremio de las pequeñas tiendas de alimentos indicó que más de 13.000 establecimientos habían sido extorsionados en 2023 y que debido a eso más de 2.600 habían cerrado.
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