González Urrutia dejó el país suramericano en la noche del sábado 7 de septiembre, luego de que el Ministerio Público emitió una orden de captura en su contra por los delitos de usurpación de funciones, sabotaje, entre otros.
Sobre su salida aún persisten muchos interrogantes. Entre ellos, si la líder opositora María Corina Machado estaba al tanto de la decisión de González de solicitar asilo en el país europeo y tenía conocimiento de su salida del país ese sábado en la noche, aunque también hay dudas sobre los términos en los que se llegó a un acuerdo para que el régimen permitiera la partida de González con un salvoconducto.
Su partida también ha provocado un clima de incertidumbre en Venezuela sobre el futuro del proyecto político de la oposición, que ha prometido que González Urrutia tomará posesión el 10 de enero de 2025.
En medio de ese panorama, José Vicente Haro, abogado del opositor, habla con El Tiempo sobre las implicaciones legales y políticas del exilio en España del excandidato presidencial.
Tensiones entre Caracas y Madrid
El exilio de González también llega en un momento en que las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela atraviesan un momento de tensión. La semana pasada, Maduro convocó al embajador de España en Venezuela y llamó a consultas a su representante en Madrid, tras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que calificó al régimen de «dictadura».
Además, el Ejecutivo de Maduro elevó la tensión este fin de semana con la detención de dos españoles por su presunta implicación en una supuesta operación para llevar a cabo actos «terroristas», entre ellos asesinar a Nicolás Maduro.
España, a través de su Ministerio de Exteriores, desmintió que esté implicada en una «operación de desestabilización política» en Venezuela y ha rechazado «rotundamente cualquier insinuación» al respecto.
El Gobierno de España no ha reconocido la victoria atribuida a Nicolás Maduro y reclama a las autoridades la publicación de las actas electorales, y tampoco ha reconocido el triunfo reivindicado por la oposición, como le ha pedido el Congreso, con los votos de PP, Vox y el nacionalista PNV.
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