La ONG venezolana Súmate, dedicada a temas electorales, exigió este jueves la excarcelación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, quien permanece detenida desde hace 221 días tras ser acusada de presuntamente cometer cinco delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria.
A través de una publicación en X, la organización reiteró que Sánchez «sigue sin tener acceso a su expediente» y que «no le han permitido ejercer la defensa por sus abogados de confianza», reseña Efe.
Súmate indicó, citando una entrevista concedida por la hija de la activista a un medio local, que el proceso al que ha sido sometida Sánchez es «total y completamente ilegal».
La hija, agregó la ONG, denunció que la detención de Sánchez se hizo «sin orden judicial» y «sin que hubiese una investigación en su contra».
La Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral de @Sumate y defensora de los derechos humanos, Nélida Sánchez, hoy #03Abril tiene 221 días privada de su libertad personal. Su hija aseguró que a su madre la sometieron a un proceso “total y completamente ilegal”, que la… pic.twitter.com/iyciaXv75I
— A.C. Súmate (@Sumate) April 3, 2025
Proceso de Sánchez está viciado
Súmate ha denunciado en varias ocasiones que el proceso judicial contra Sánchez «está viciado de nulidad absoluta», debido -según ha explicado- a que un tribunal admitió cinco cargos «promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)».
La detención de Sánchez ocurrió en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, período en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado del aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
Con información de Efe.
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