El diputado Germán Kiczka, detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual de menores, recibió este domingo la visita de sus familiares en la cárcel tras negarse a declarar este viernes ante el juez Miguel Ángel Faria, titular del Juzgado en lo Penal N°4 de Apóstoles, Misiones.
En el lugar se hizo presente su padre, una tía y dos amigos de Kickza. Llegaron pasadas las 10 de la mañana para mantener un encuentro de media hora, tal como dictan las reglas.
Las cámaras de TN lo mostraron muy relajado y con una sonrisa en todo momento. Incluso, se mostró efusivo y locuaz al ver sus seres queridos. Entre varios gestos que no pasaron desapercibidos, también pasó sus brazos a través de las rejas para darle un abrazo a su amigo.
Kickza fue aprehendido el miércoles por la noche en el pueblo de Loreto, Corrientes, tras permanecer varios días prófugo. Tenía pedido internacional dado que se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil. El legislador fue hallado en un complejo de cabañas de la localidad correntina, a 200 kilómetros de Apóstoles, localidad de la que él y su familia son oriundos.
Al diputado lo descubrieron un día antes, luego de que una vecina de Loreto lo delatara al verlo en el camping de la zona. Fuentes del caso aseguran que esa mujer cobrará la recompensa de $5 millones que el Gobierno de Misiones ofrecía para quien entregara al legislador. Entre los objetos que le incautaron, se encuentran su celular, hallado sin chip, y el Toyota Corolla en el que se movilizaba. También se incautó el teléfono del encargado del lugar donde se hospedaba.
Su hermano Sebastián, que también estuvo prófugo de la Justicia y acusado en la misma causa y por el mismo delito, fue apresado San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles. Actualmente, permanece alojado en la misma dependencia policial que Germán y este domingo también recibió la visita de sus familiares.
Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, Sebastián estaba sucio y deshidratado: aseguraron que se alimentaba con limones. Además, lucía una gran rajadura en el pantalón que vestía junto a una musculosa color hueso y un par de zapatillas deportivas en tonalidades grises. Hasta el momento, es un misterio cómo se trasladó hacia la ciudad vecina, en qué lugar se alojaba y por qué se encontraba en ese estado.
Al ser detenido, el diputado Kickza se declaró como un perseguido político y antes de ingresar a la seccional aseguró que es inocente de los delitos que se le atribuyen; “Basta de persecución política, esta es la foto que querían”.
De la investigación surge que entre el 2 de diciembre pasado y el 10 de enero último, el legislador misionero descargó y facilitó 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años. Durante el allanamiento a su domicilio se secuestraron revistas y juguetes sexuales que serían propiedad de su hermano. Ahora, la justicia investiga si ellos, además, producían ese material.
La investigación se inició el 16 de enero pasado a partir de un correo electrónico enviado por el director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition), Tom Farrel, que informó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) que el organismo se encontraba trabajando con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Imec, por sus siglas en inglés) “en el desarrollo de una operación, que se denominó Guardianes de la Niñez, con fuerzas policiales de América Latina y del Caribe (se coordinaron allanamientos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile), con el objeto de identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)”.
En ese mail enviaron un informe con objetivos que se encontraban, de acuerdo a las direcciones IP involucradas en los hechos, ubicados en la Argentina. Y así fue como llegaron hasta el domicilio del diputado misionero.
La pena que podría corresponder a los imputados en estas investigaciones es entre 3 y 6 años de prisión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Penal de la Nación
