La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de los Distritos Fiscales de Ica y Cañete anunció la sentencia de pena privativa de libertad contra una venezolana por trata de personas agravada y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el reporte oficial la detenida está identificada como Greismar Yulexi Arza Sumosa quien además enfrenta responsabilidades por el delito contra la dignidad humana.
Sentencian a venezolana por trata y explotación sexual de menores
Según la acusación fiscal, se le imputa ser autora del ilícito penal de trata de personas agravada y explotación sexual en agravio de seis menores y de cuatro mujeres adultas, de nacionalidad venezolana, quienes quedaran captadas en su país y trasladadas por vía terrestre a Perú con el ofrecimiento de falsos puestos de trabajo.
De la investigación se conoció que, en la ruta de traslado, las víctimas contactaban con personas a quienes llamaban «asesores», quienes —por versión de una de las agraviadas— pertenecerían al Tren de Aragua y eran los responsables de cuidarlas y monitorearlas hasta que lleguen al lugar de destino.
Modus operandi
Ya en el Perú, las trasladaron a Ica, donde quedaron acogidas y retenidas por la acusada, en una vivienda ubicada en el sector de Manzanilla.
En esta ciudad las obligaron a trabajar en diferentes prostíbulos de la ciudad, imponiéndoles el pago de una multa de S/15 000 por el transporte, hospedaje y alimentación de cada una.
Además, las vigilaba otro miembro de la red criminal, quien junto a la acusada las amenazaba —personalmente o a través de WhatsApp— con atentar contra su vida o la de sus familiares.
También se conoció que Arza Sumosa cobraba y recaudaba el dinero producto de la explotación sexual y se encargaba de distribuirlo y pagar el traslado, la plaza y la multa dejándole, a las víctimas, solo un 20% de su ingreso diario.
Ante ellos recibió la condena de 32 años de cárcel, el fiscal superior Jorge Wayner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.
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