En un contexto político marcado por la incertidumbre y la polarización, Venezuela se prepara para las elecciones regionales programadas para el 25 de mayo. Este proceso electoral, que busca renovar gobernaciones y consejos legislativos en el país, a pesar de la disputa que aún se mantiene por los resultados de los comicios presidenciales, se desarrollará en medio de una crisis energética que amenaza con afectar la participación ciudadana y la logística electoral.
El panorama político actual refleja una creciente desconfianza entre los ciudadanos hacia el ente electoral, debido a que en las elecciones presidenciales desarrolladas el 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolas Maduro como ganador sin presentar las actas que corroboraran su triunfo, incumpliendo así con los lineamientos establecidos en el cronograma electoral.
“Esta elección presidencial nunca culminó algunas etapas, actos y actuaciones del cronograma electoral, como la publicación de resultados detallados en la Gaceta Electoral de la República y la auditoria del sistema electoral automatizado”, explicó el politólogo Ramon Torres durante una entrevista para El Nacional.
A pesar de esta situación, el gobierno se alista para lo que muchos consideran un “brusco e irregular proceso electoral”, el cual ha sido reprogramado debido a causas que parecen ser “de orden técnico”. Solo el lunes 31 de marzo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó a sus candidatos bajo el lema “continuidad revolucionaria”.
Torres expresó su preocupación sobre la posible repetición de “la práctica ya recurrente de no permitir a las autoridades actuales terminar con los periodos constitucionales correspondientes, siendo una clara vulneración a la Constitución y su normativa vigente, donde establece taxativamente que el periodo de duración de gobernadores y legisladores estatales es de cuatro años, y de cinco años los diputados de la Asamblea Nacional”.
“Lo primero que se debe mencionar es que el periodo de estas autoridades se vence a finales de este año y con ello tendríamos a nuevas autoridades electas por lo menos siete meses antes de asumir sus cargos, algo que me atrevería a decir que es casi inédito en regímenes de carácter democrático”, afirmó Torres. A su vez recordó que “los concejales electos a finales del 2018 estuvieron en funciones de su cargo hasta finales del 2021, quedando con un periodo de apenas tres años; y los legisladores que fueron electos en 2019 solo tuvieron un periodo de dos años”.
Aunque, constitucionalmente se deben realizar estas elecciones regionales, Yanfri Contreras, dirigente político de Acción Democratica y politólogo, aseguró que un nuevo proceso electoral sin esclarecer el del 28 de julio no es lo más favorable en este momento. “Antes de convocar a este nuevo proceso se debe garantizar la mayor transparencia e imparcialidad posible por parte del árbitro”, dijo.
Crisis eléctrica amenaza transparencia y eficacia electoral en Venezuela
A esta compleja situación política, se suma la crisis eléctrica que desde hace más de una década ha afectado gravemente a varias regiones del país. Estados como Zulia, Táchira, Mérida y Barinas han reportado cortes eléctricos prolongados, algunos de hasta 12 horas diarias, debido al deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento. Expertos advierten que esta situación podría generar un impacto directo en la transparencia y eficacia del proceso electoral.
“No se puede garantizar transparencia en el proceso de escrutinio cuando existen cortes eléctricos diarios, mucho menos cuando la motivación de votar es extremadamente baja, producto de las irregularidades en el último proceso electoral”, expresó Contreras.
A su vez, señaló que sería muy irresponsable por parte del CNE continuar con un proceso electoral en un estado de emergencia a nivel de energía eléctrica. “Sabemos la logística de energía que requieren unas elecciones para que éstas logren materializarse. Si esto llegase a ocurrir podría generar un colapso total del sistema eléctrico mucho más de lo que ya está”, afirmó.
A pesar de que el CNE dice contar con los mecanismos y los equipos de contingencia y respaldo para garantizar la continuidad del proceso electoral, Torres asegura que el verdadero desafío “radica en la efectividad o la disponibilidad de estas maquinarias ante situaciones como un apagón generalizado”.
Como ejemplo, mencionó el caso ocurrido el 28 de julio en el municipio Chacao, donde una máquina electoral presentó fallas durante la constitución de la mesa. A pesar de tratarse de un municipio pequeño y de fácil acceso, ubicado cerca de la sede nacional del CNE, “la contingencia de arreglar o cambiar a una máquina nueva no funcionó de acuerdo a los tiempos establecidos por el reglamento y tampoco se activó el cambio a proceso manual”, lo que retrasó el inicio de la votación hasta el mediodía.
Por su parte, el analista político y periodista Fernando Dos Reis dijo a El Nacional que la situación eléctrica no resulta ser un factor determinante en la suspensión o en el desarrollo de las elecciones, ya que “al gobierno poco o nada le importa la situación de los servicios públicos, especialmente la crisis eléctrica”.
Según Dos Reis, estas elecciones regionales tienen un objetivo político claro: “Dividir a la oposición, sepultar lo que significa el 28 de julio y legitimarse tanto nacional como internacionalmente”. Asimismo, afirmó que el gobierno durante los comicios podría tomar medidas como centralizar la energía eléctrica en regiones con mayor participación electoral y reducir aún más el consumo en instituciones públicas y sectores privados.
Desconfianza y apatía marcan las elecciones regionales
La crisis eléctrica no solo amenaza con empañar el desarrollo de las próximas elecciones regionales, sino que también refleja una realidad aún más profunda en Venezuela. Los constantes apagones y fallas en el suministro, incluso en la capital, han incrementado la sensación de frustración y desesperanza entre la población. El ambiente de apatía y desesperanza que ha permeado a la sociedad venezolana desde el 28 de julio del año pasado, cuando se denunciaron irregularidades y fraude electoral, se mantiene.
Para Dos Reis, el impacto de aquel evento ha dejado profundas secuelas en la población. “La gente se siente defraudada, desesperanzada, y ese sentimiento colectivo influye directamente en la decisión de participar o no en esta elección”, afirmó. Además, señaló que según encuestas realizadas por una firma estadounidense “solo 29% de todo el electorado tanto chavista como opositor estaría dispuesto a participar en este proceso electoral”.
Sumado a esto, destacó que 71% de los posibles testigos electorales se muestra poco o nada dispuesto a desempeñar este rol, principalmente por temor a represalias, “como un reflejo del miedo que ha dejado el 28 de julio”.
La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, enfrenta un reto significativo. Según Dos Reis, menos de 20% de la población está al tanto del llamado al boicot hecho por Machado, lo que evidencia la falta de cohesión y comunicación efectiva dentro del bloque opositor. “La oposición debe promover una posición unitaria y avanzar hacia una abstención activa que evite caer en la inercia política del pasado”, sugirió.
Sin embargo, subrayó que a pesar de que otros sectores de la oposición han llamado a la participación, el liderazgo de estas dos figuras claves permanece sólido y que su llamado a la abstención podría cuestionar la legitimidad de estas elecciones regionales.
“Digamos que al no participar María Corina la legitimidad de esas elecciones pues van a ser iguales que las elecciones del 28 de julio, pues a nivel internacional van a ser totalmente desconocidas y no le va servir a Maduro sino para su juego interno”, destacó.
Noticias Relacionadas
