Las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro tenían un objetivo: «crear en Venezuela una guerra civil», sostiene el fiscal general, Tarek William Saab, quien defiende por ello la acción de las autoridades pese a críticas de activistas de derechos humanos.
Al recibir a la AFP el lunes, Saab dice hacer oídos sordos a quienes lo acusan de ser un fiscal al servicio de Maduro.
En las paredes y mesas de su despacho hay retratos y esculturas del prócer venezolano Simón Bolívar, así como fotos en las que aparece con Maduro y los fallecidos líderes socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro. Entre las curiosidades: un pequeño palo de lluvia de madera con la frase «No más Trump».
Ratificado en su cargo para un nuevo período, el fiscal recalca que en sus primeros siete años de gestión fueron atendidas a 2,12 millones de personas en el Ministerio Público, hubo 600 condenas a militares y policías por violaciones de derechos humanos y 21.851 imputaciones por corrupción que incluyen a cinco exministros de Petróleo.
Saab considera que hubo premeditación en la violencia de manifestaciones que estallaron después de que Maduro fuese proclamado reelecto la madrugada del 29 de julio, un día después de los comicios, entre denuncias de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado, que aseguraba tener las pruebas de la victoria de su candidato, Edmundo González.
Hubo 28 muertos, según un balance actualizado del fiscal, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluidos un centenar de adolescentes, que según activistas y familiares han sufrido torturas.
«El plan era cantar fraude para escalar una acción terrorista», insistió Saab. «Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil. Por eso yo refiero que eso sí estaba premeditado».
«¿Niños detenidos?, es mentira», dice Saab
Saab destacó la destrucción de unos 500 inmuebles durante las protestas, que asegura incluyen escuelas, ambulatorios y alcaldías.
«Pero lo más grave: mataron a 28 personas», expresó, al negar que alguna de las muertes sea «imputable a los cuerpos de seguridad».
«No hay denuncia alguna», subrayó.
«¿No tienen derechos humanos las 200 personas heridas?», cuestionó. «Intentaron quemarlas, les dispararon. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Usted me va a decir que (los detenidos) son presos políticos?».
La ONG Foro Penal asegura que unas 1.800 personas siguen tras las rejas por este caso, incluidos 69 menores de edad.
«Existe la ley penal vinculada a los adolescentes, que establece las edades entre 14 y 17 años», justificó Saab. «En Venezuela los niños no van detenidos, eso es mentira».
Más temprano dijo que los adolescentes arrestados estaban en penales para menores, «atendidos en sus derechos humanos».
Del total de detenidos, «muchos han sido excarcelados», apuntó Saab, aunque no precisó el número.
«Ha habido un proceso de revisión de medidas», indicó. «Toda investigación tiene su curso hasta que el proceso culmine».
Rechaza las denuncias de tortura en la crisis poselectoral: «A todos los detenidos le hemos dado una debida evaluación médica»
«Detenido de manera automática»
Machado está hoy en la clandestinidad y González Urrutia se exilió en España luego de una orden de captura en su contra.
«Él sabe que si entra a Venezuela es detenido de manera automática», indicó Saab.
La Fiscalía lo solicita por delitos como forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de las leyes.
Machado es investigada penalmente por la violencia poselectoral, al igual que González Urrutia. Maduro pidió cárcel para ambos.
Saab no precisó si hay una orden de arresto contra Machado.
«Está siendo investigada en los términos que ya he difundido de manera suficiente, pública y notoria», respondió evasivo.
Corrupción, «un enemigo»
«Los principales enemigos de un pueblo son quienes practiquen el terrorismo y la conspiración», apuntó. El otro «enemigo número uno», añade, es «la corrupción», un mal crónico en Venezuela.
Saab resaltó en su gestión el desmantelamiento de 34 tramas de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que terminaron con cinco exministros del sector prófugos o en la cárcel.
La lista incluye al antiguo zar petrolero, Tareck el Aissami, preso al ser vinculado por un desfalco calculado en 17.000 millones de dólares; y más recientemente a Pedro Tellechea, acusado de filtrar información a una empresa de Estados Unidos que la Fiscalía relaciona con los servicios de inteligencia de ese país.
«La corrupción que te causa el robo al patrimonio de un pueblo, de un Estado para un enriquecimiento individual, es execrable, repugnante, repudiable», sancionó.
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