El 9 de febrero de 2024 Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir del país. Días antes, en enero,
Nicolás Maduro anunció con meses de atraso supuestas conspiraciones ocurridas en 2023. Una de ellas, Brazalete Blanco, un fantasioso plan para atacar objetivos en el Táchira y luego tomar el poder en Caracas, como en las montoneras del siglo XIX, sería usada como punta de lanza en el inicio de la campaña de terror y detenciones que irían ambas in crescendo durante el año electoral y luego del desenlace que tanto temía la cúpula en el poder.
El próximo martes, un año y dos días después de la detención de San Miguel, está pautada la audiencia para la apertura del juicio en el juzgado tercero de juicio de terrorismo. En este país sin ley, la justicia no lleva prisa, siempre y cuando el imputado o imputada se encuentre tras las rejas.
San Miguel llegó al aeropuerto el viernes 9 de febrero junto con su hija Miranda y luego de mostrar su pasaporte en la taquilla respectiva se desató todo este proceso —absurdo, kafkiano, dice su abogado Juan Luis González Taguaruco— que la mantiene encerrada en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Nunca ha podido designar a sus abogados, nunca ha recibido una visita de la defensora pública asignada y sigue sin saber cuáles son los hechos y las pruebas que ameritan su encarcelamiento y que se le siga un juicio. San Miguel, además, sufrió hace seis meses una caída en la cárcel y se fracturó el hombro derecho. Solo se le ha permitido ingerir analgésicos para aliviar el dolor. Recibe ayuda de quienes comparten la celda con ella para vestirse, realizar el aseo personal y comer.
Trasladada inicialmente a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo que se supo después, San Miguel se enteró de que casi toda su familia —hija, dos hermanos, el padre de su hija y el exesposo— estaban también presos cuando la llevaron a una sala para la audiencia de presentación de imputados. No había comunicación entre unos y otros. Miranda, la hija, y su padre, Víctor Díaz Paruta, fueron detenidos cuando bajaron al aeropuerto al día siguiente a retirar el equipaje de San Miguel. Los hermanos, Luis Alberto y Miguel Ángel —éste recién llegado al país— porque habrían recibido algunas pertenencias personales Miranda y de su madre; y el exesposo, con el que no tenía ningún contacto desde hacía un año, fue apresado en el estado Anzoátegui, donde vivía.
En la audiencia de presentación de imputados, para lo cual se constituyó en la DGCIM el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, comenzó la resistencia de la activista contra la vulneración de sus derechos. Exigió nombrar a abogados de su confianza. Le respondieron que no podían esperar a que se comunicara con su abogado y que se trasladara al lugar y que harían la asignación de un defensor público. Insistió en su petición de ley. Le replican que estaba entorpeciendo el normal desarrollo de lo que iban a hacer. Le hacen saber que hay la posibilidad de que su hija, el padre de ésta, y los hermanos de la activista salgan libres. Cede entonces, y designan a Yonimar Flores, defensora pública 49, para que asuma la defensa de los seis imputados.
En el mismo acto disponen la privación de la libertad de San Miguel por unos delitos gravísimos: traición a la patria, conspiración contra la forma política, terrorismo, asociación para delinquir y dos homicidios tentados; uno, en perjuicio de Nicolás Maduro, y otro en perjuicio de Freddy Bernal (gobernador del estado Táchira). También se decreta privación de libertad de Alejandro González de Canales, exmarido de San Miguel, por la comisión de los delitos de asociación para delinquir y revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad del Estado. Para las otras cuatro personas se dictaron medidas cautelares sustitutivas por los delitos de desobediencia de la justicia y asociación para delinquir y se les fijó la obligación de comparecer cada semana al tribunal a firmar los libros, además de prohibición de salida del país y de declarar a medios de comunicación. Medidas que siguen vigentes.
En la audiencia de presentación de imputados la “defensora” Yonimar Flores, según consta en archivos digitales del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, no realizó ninguna impugnación de la decisión dictada contra San Miguel y González de privativa de libertad, se desconoce si promovió algún tipo de diligencia en la fase intermedia del proceso penal luego que la Fiscalía iniciara la acusación. A lo largo de este año, Flores no ha tenido jamás una conversación personal y privada con la activista encarcelada para preparar la defensa. “¿Qué clase de defensa es esa?”, se pregunta el abogado González Taguaruco. San Miguel fue enviada al Helicoide y González de Canales al anexo de máxima seguridad del Rodeo I.
La posterior audiencia preliminar del caso contra San Miguel, prevista para debatir el contenido de la acusación, se intentó hacer en tres oportunidades y en las tres la presidenta de Control Ciudadano se negó a prestarse para lo que calificó de farsa. Insistía en nombrar a sus abogados de confianza. Los primeros dos intentos fueron diferidos pero en el tercero le dijeron que estaba retrasando el proceso y que podría nombrar sus abogados más adelante. Pidió, entonces, ser retirada de la sala del Sebin donde se realizaba la audiencia telemática. Le abrieron la puerta, salió y luego la funcionaria le explicó que la audiencia se realizó sin su presencia, por haberse declarado en rebeldía. El resultado fue que se ordenó que su caso fuera a juicio.
En todo este tiempo, los abogados de San Miguel y González han usado todos los recursos legales para poder constituir la defensa técnica y todos han sido entorpecidos y rechazados. Se trasladaron a los establecimientos penales para que la persona detenida firmara la respectiva designación. Alejandro González lo pudo hacer, pero el centro de reclusión no selló el documento y el tribunal por tanto se negó a recibirlo. En el Sebin, ni siquiera aceptaron el escrito para que San Miguel pusiera su firma. Luego, conforme al artículo 127.3 del Código Orgánico Procesal Penal presentaron designaciones firmadas por familiares (Miranda por su mamá y el padre de González de Canales por éste) ante el tribunal segundo de control pero el juez no procesó el documento. Introdujeron un amparo que fue declarado inadmisible por el tribunal de apelaciones y se ha esperado por meses un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, el Consulado de España en Caracas (tanto San Miguel como su exmarido tienen nacionalidad española), amparado en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pidió al gobierno que juramentaran a los abogados. También fue desatendida la petición. Nada impedirá, sin embargo, que la defensa privada de San Miguel intente representarla, y defenderla de verdad, el próximo martes.
Junto a la denegación de justicia y toda la arbitrariedad con lo que actúan fiscales y jueces y supuestos defensores, San Miguel sufrió en prisión una caída que le fracturó el hombro derecho. La activista sufre de laberintitis y tiene problemas de audición, de lo que se informó tan pronto se supo de su encarcelamiento. Por un mareo cayó y se produjo la fractura. Solo cuatro meses después se diagnosticó el grave padecimiento, que le resta de manera severa la movilidad de su brazo derecho y le causa dolor permanente. Solo permiten el ingreso de analgésicos cuando lo sensato sería ordenar una intervención quirúrgica. Sus abogados han pedido medidas cautelares por razones humanitarias para realizar la operación y la posterior rehabilitación. La respuesta es el silencio. La de Rocío San Miguel es enfrentar cada acto en su contra con la fortaleza de su carácter y la convicción de que siempre ha actuado en defensa de las leyes y de lo escrito en la Constitución Nacional.
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