Bogotá, 25 jul (EFE).- Dos altos cargos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido acusados hoy formalmente por un gran caso de corrupción en el que podrían estar involucrados otros miembros del Gobierno próximos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, congresistas y políticos de distintos partidos.
Por el momento, la Fiscalía ha imputado al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al subdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad Sneyder Pinilla los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Todo comenzó en febrero al destaparse la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Según la Fiscalía, López se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.700 dólares) y Pinilla con 342 millones de pesos (unos 85.000 dólares).
El caso ha ido sumando los nombres de otros posibles vinculados a contratos irregulares y el reparto de dinero entre políticos, hechos ocurridos en 2023.
Los siguientes son los principales implicados en el entramado de posibles coimas y repartos de la UNGRD:
Militante del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. En las elecciones de 2010 fue director de campaña de Petro, que en abril del año pasado lo nombró director de la UNGRD, cargo que desempeñó hasta febrero de 2024 cuando renunció por este caso de corrupción, pues fue durante su gestión que se firmó el contrato de compra de los carrotanques.
El pasado sábado, en el discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, Petro pidió perdón por la corrupción en la UNGRD y por haber nombrado a López al frente de esa entidad.
Fue subdirector de la UNGRD bajo la dirección de López y está señalado de ser el que supuestamente entregó dinero a congresistas y miembros del Gobierno por los contratos. Según la Fiscalía, recibió un 1 % del presupuesto de 100.000 millones de pesos (24,7 millones de dólares) que se asignaron para la compra de los carrotanques.
Es el tercer imputado por la Fiscalía por ser contratista de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación. Pasó de ser un pequeño comerciante a entrar en la rueda de grandes contratos estatales mediante tres empresas a su nombre con las que ha conseguido, solo con la UNGRD, más de 155 contratos que suman 160.000 millones de pesos (unos 39,6 millones de dólares) entre 2012 y 2024, según reveló Noticias Caracol.
Tras ser congresista varias legislaturas con el Partido Verde, Ortiz fue designada por Petro en mayo de 2023 como consejera Presidencial para las Regiones. Ha sido señalada -pero aún no hay acusación judicial- de ser el enlace entre Pinilla y el entones presidente del Congreso, Iván Name, para entregar los sobornos, denuncia que ella rechaza.
Miembro del Partido Verde, fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024). Según las denuncias, parte del dinero malversado en la compra de carrotanques fue usada para pagar sobornos a Name y a otros congresistas a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas del Gobierno de Petro. Name ha rechazado estas acusaciones y aún no ha sido acusado.
Abogado y miembro del Partido Liberal, fue presidente de la Cámara de Representantes en la legislatura 2023-2024. Como Name, está señalado -pero no acusado formalmente- de haber recibido sobornos, en tres días y en billetes en maletines, a cambio de apoyo en el Congreso para impulsar y aprobar las reformas sociales del Gobierno. Calle también ha rechazado las acusaciones.
Es el último nombre conocido en el caso. Fue la mano derecha de Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Durante la audiencia de imputaciones, la Fiscalía dijo que Ortiz contaba con las órdenes de González, como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas. Aún no ha sido acusado formalmente.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD y también fue, según un chat de Pinilla publicado por Noticias Caracol, quien coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Bonilla dijo hoy que respeta el trabajo de la Fiscalía y que está tranquilo, esperando su «oportunidad ante la justicia» para defenderse. EFE
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