El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue un pilar clave en la política migratoria estadounidense, beneficiando a miles de migrantes provenientes de países con crisis políticas, sociales o económicas. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con poner fin a estas protecciones, especialmente para venezolanos y cubanos, y dejar a miles de familias en un limbo migratorio.
El programa, instaurado en la década de 1990 por el presidente -también republicano- George H. W. Bush, permite a los ciudadanos de países en condiciones inseguras vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El TPS se otorga a ciudadanos de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis que hacen inseguro su retorno, informa el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE UU (Uscis, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial.
Esta designación, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS, por sus siglas en inglés), dura entre 6 y 18 meses, aunque puede renovarse si las condiciones lo justifican. Durante el mandato de Joe Biden las protecciones se ampliaron a 16 países, lo que benefició a más de 866.000 personas.
Para los migrantes venezolanos y cubanos, el TPS es una vía que les permite estabilizarse y trabajar legalmente mientras persiste la crisis en sus países. Sin esta protección, muchos tendrían que regresar a contextos de inseguridad y falta de oportunidades.
Durante la campaña, Trump prometió una política migratoria más restrictiva. Durante su primer mandato intentó eliminar el TPS para países como El Salvador y Honduras, pero demandas judiciales bloquearon temporalmente sus medidas. Ahora, con mayoría conservadora en la Corte Suprema y un escenario más favorable en el Poder Judicial federal, su administración podría lograr su objetivo de revocar el programa.
“Por supuesto que lo revocaría”, afirmó Trump en una entrevista reciente con News Nation, y calificó al TPS de una amnistía disfrazada que facilita la permanencia indefinida de migrantes en Estadod Unidos. En línea con esta visión, figuras clave de su equipo, como Stephen Miller, conocido por su enfoque radical en inmigración, podrían desempeñar papeles decisivos en esta política, según The New York Times.
Los venezolanos constituyen el grupo más grande de beneficiarios del TPS, con alrededor de 350.000 personas protegidas debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país. Para los cubanos, aunque representan un porcentaje menor, la designación del TPS les ha ofrecido una salida frente a la fuerte tensión económica y política en la isla caribeña.
The New York Times considera que si Trump logra eliminar el programa, los migrantes perderían su estatus legal y enfrentarían el riesgo de deportación. Esto implicaría separaciones familiares debido a que muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
En caso de concretarse esta iniciativa del presidente electo, los beneficiarios del TPS podrían afrontar un camino legal incierto. Grupos promigrantes y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se comprometieron a luchar contra cualquier intento de eliminar el programa.
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