El gobierno del presidente Donald Trump podría haber actuado de “mala fe” al deportar a presuntos pandilleros venezolanos hacia El Salvador, según lo afirmó este jueves un juez.
El juez de distrito James Boasberg dictó una orden que impide temporalmente a la administración Trump usar una ley de 1798, que históricamente se ha aplicado en tiempos de guerra, para llevar a cabo deportaciones rápidas.
En una audiencia judicial celebrada este jueves en Washington, el magistrado federal revisó si el gobierno había seguido sus instrucciones o si había incurrido en desacato. Por su parte, la administración de Trump solicitó a la Corte Suprema que revoque esta orden y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la Ley de enemigos extranjeros.
Trump firmó un decreto para aplicar esta ley contra bandas transnacionales catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo al grupo venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, los abogados de varios venezolanos deportados argumentan que sus clientes no pertenecen a esta banda, no han cometido delitos y están siendo perseguidos por sus tatuajes.
Aviones continuaron deportaciones a pesar de orden judicial
El 15 de marzo, Boasberg ordenó detener los vuelos de deportación bajo la ley de 1798 y pidió que dos aviones con destino a El Salvador regresaran. A pesar de su orden, los aviones continuaron su rumbo. La Ley de enemigos extranjeros fue invocada el 14 de marzo, pero su aplicación no se hizo pública hasta el día siguiente, cuando las deportaciones ya estaban en marcha.
Para Boasberg, esto sugiere que la administración pudo haber “actuado de mala fe”. “Si realmente creyeran que todo lo que hicieron ese día era legal y que resistiría un desafío judicial, no habrían actuado como lo hicieron”, afirmó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
Durante la audiencia, Boasberg bombardeó a Ensign con preguntas para determinar si hubo desacato. A su juicio, el Departamento de Justicia sabía que había una audiencia programada para las 17:00 horas del 15 de marzo para revisar una demanda presentada por grupos defensores de derechos humanos con el objetivo de bloquear las expulsiones. “¿Por qué no habría sido prudente decir: ‘Vamos a frenar aquí y ver lo que el juez tiene que decir?’”, cuestionó Boasberg.
Ensign respondió que no tenía conocimiento sobre los “detalles operativos” relacionados con las deportaciones. Desde el inicio del litigio, el Departamento de Justicia ha sostenido que los aviones ya se encontraban en ruta hacia El Salvador y en espacio aéreo internacional cuando se emitió la orden escrita del juez pidiendo que regresaran.
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