La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra del siglo XVIII, para deportar rápido a inmigrantes venezolanos, pero impuso algunas reglas para evitar que las expulsiones sean casi inmediatas y violen el debido proceso, como sucedió con las más de 100 personas que fueron enviadas el mes pasado a una cárcel de El Salvador bajo la aplicación de esa ley.
Estas son las claves del fallo que no tocó el fondo del tema:
1. Decisión dividida y celebración de Trump
La máxima corte del país se dividió 5-4 al conceder la solicitud de ayuda de emergencia solicitada por el Departamento de Justicia en la disputa sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, considerada terrorista en Estados Unidos, sin una audiencia.
Los tres jueces progresistas de la corte discreparon de la decisión, y la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la corte, discrepó de manera parcial.
El Gobierno de Trump presentó su apelación de emergencia tras la orden del juez federal de distrito James Boasberg, que impidió de manera temporal que el presidente aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que demandaron y un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas.
Trump elogió la decisión de la Corte Suprema y dijo que se trata de “un gran día para la justicia en Estados Unidos”.
“La Corte Suprema ha mantenido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país”, escribió en Truth Social.
2. Las condiciones para el debido proceso
Sin embargo, los inmigrantes ya no podrán ser deportados de la manera en la que se hizo con el primer grupo. El fallo impuso ciertas condiciones:
Audiencia judicial previa: Los individuos afectados deben recibir una notificación sobre el motivo de su deportación y tener la oportunidad de impugnar su expulsión en una audiencia judicial para intentar conseguir un hábeas corpus antes de ser expulsados del país. Este proceso debe tener “un tiempo razonable”.
Jurisdicción adecuada: Las impugnaciones legales deben presentarse en Texas, donde están detenidos los migrantes a los que se quiere aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, y no en Washington D.C.
Cabe recalcar que la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad o legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones rápidas de inmigrantes. El fondo del asunto seguirá siendo debatido en tribunales inferiores.
3. Aplica la Quinta Enmienda
Para Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, la decisión de la Corte Suprema puede considerarse un triunfo de Trump, pues el bloqueo que puedan ejercer los jueces de distrito ha sido rechazado por razones de jurisdicción.
Orozco le dijo a El Comercio que en el tema propiamente legal, la Corte Suprema sostuvo que Quinta Enmienda de la Constitución (que protege a las personas de la autoincriminación y establece que nadie puede ser privado de sus derechos sin un debido proceso legal) aplica para cualquier persona, sea ciudadano o no, por lo que la notificación y el derecho a apelar se mantiene.
“El asunto está en que la administración Trump puede escoger cortes distritales que son favorables para ellos. Entonces, el debido proceso se garantiza, pero no es seguro que quien apele pueda tener un proceso justo”, remarcó Orozco.
Sostuvo que generalmente en casos como el de Kilmar Ábrego García, el migrante enviado por error a la megacárcel de El Salvador y cuyo retorno a EE. UU. exige una jueza al gobierno de Trump, sí está garantizado un proceso justo.
“Pero en casos de alguien que perteneció a una pandilla, tuvo un caso criminal, pero exhibió buena conducta y fue detenido, pero podría ser sujeto a deportación y apela, ahí queda la persona en manos de la discreción del juez», anotó Orozco.
También sostuvo que al parecer no se tomó en cuenta un tiempo prudencial que se necesita para apelar.
4. Los jueces que rechazan el fallo
La mayoría de jueces de la Corte Suprema no dijo nada sobre los vuelos que despegaron a El Salvador el mes pasado sin garantizar una audiencia que los jueces ahora dicen que es necesaria.
La agencia AP sostuvo que en su opinión discrepante, los tres jueces liberales afirmaron que la administración Trump ha intentado evitar la revisión judicial en este caso y que el tribunal “ahora recompensa al gobierno por su comportamiento”.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor dijo que sería más difícil para las personas impugnar las deportaciones de manera individual donde sea que se encuentren detenidas, y señaló que la administración también ha dicho en otro caso ante el tribunal que no puede devolver a las personas que han sido deportadas a la prisión de El Salvador por error.
“Nosotros, como nación y como tribunal de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, escribió Sotomayor.
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentaron la demanda ante el juez Boasberg en nombre de cinco venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se hiciera público que Trump usaría la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones y mientras las autoridades de inmigración conducían a cientos de venezolanos a aviones para ser conducidos a El Salvador.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, afirmó que el punto crucial del fallo de la Corte Suprema era que las personas debían tener el debido proceso para impugnar su deportación. “Es una victoria importante”, afirmó.
El juez Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y también ordenó el regreso a Estados Unidos de los aviones enviados a El Salvador, cosa que no ocurrió.
Boasberg celebró una audiencia la semana pasada para determinar si el Gobierno desacató su orden. La administración Trump invocó el “privilegio de secreto de Estado” y se negó a proporcionarle información adicional sobre las deportaciones.
5. La Ley de Enemigos Extranjeros
En 1798 Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia. Ante el temor de que los “extranjeros” que vivían en el país simpatizaran con los franceses, el Partido Federalista, del entonces presidente John Adams, promovió la Ley de Enemigos Extranjeros.
La ley otorga al presidente la autoridad para detener y deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos estuviera en guerra, sin necesidad de juicio. Su propósito era prevenir posibles conspiraciones o amenazas internas por parte de extranjeros considerados hostiles.
Desde su aprobación, la ley solo se ha aplicado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se extendía el temor hacia los extranjeros por todo Estados Unidos, la ley se usó para el internamiento masivo de personas de ascendencia alemana, italiana y, especialmente, japonesa. Se estima que 120.000 japoneses, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, fueron encarcelados durante la guerra.
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