Un nuevo proyecto de ley fue presentado en el Congreso producto de la situación actual de la inseguridad ciudadana. La propuesta del parlamentario de Perú Libre, Isaac Mita Alanoca, busca aumentar en 10 años el tiempo que un criminal puede ser condenado a prisión en caso de haber cometido delitos graves o sean reincidentes, según el Código Penal.
La iniciativa, que fue presentada ante el Congreso el martes 25 de junio en horas de la tarde, sostiene que “la finalidad de la presente ley, es para sancionar y evitar la consumación de diversos delitos tipificados en el Código Penal en su artículo 29°, como medio protector de la persona humana y de la sociedad”.
En caso de que el proyecto llegue a aprobarse, y de que en el proceso el Congreso no modifique otros aspectos de la norma, el Código Penal deberá indicar lo siguiente: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de cuarenta y cinco años”.
De proceder con la modificación del artículo 29 del Código Penal, este sería el cuarto cambio que se realiza en esta sección específica y el primero en el siglo XXI. Históricamente, según la página web del Congreso, el Código establecía “que la pena privativa de libertad tenía una duración mínima de dos días y una máxima de veinticinco años” y su primera modificación se produjo en el año 1992, cuando se introdujo el concepto de la cadena perpetua.
Dos años después, en el año 1994 se realizó una modificación en la que se indicaba que “la pena privativa de libertad podía ser temporal o de cadena perpetua y en el caso de la pena temporal la duración mínima se fijó de 2 días hasta una máxima de 25 años”.
La última modificación que se hizo en el año 1998 amplió la pena por primera vez en un periodo de 10 años adicionales: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años”, texto que se mantiene hasta la actualidad.
En mayo, con la publicación del informe ‘Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023′ por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no solo se revelaron indicadores relacionados con la economía del país, sino también de cómo viven los peruanos. La inseguridad ciudadana, un aspecto tan relevante en el último año, también tiene espacio en este documento.
Según los datos recopilados por el INEI en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2014-2023, el Perú ha retrocedido casi siete años en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con datos cercanos a los registrados en el año 2017. Esto se debe al aumento del porcentaje de la población urbana mayor de 15 años que ha sido víctima de un hecho delictivo.
El documento señala que entre los años 2021 y 2023 la cantidad de ciudadanos peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo de cualquier tipo pasó de ser 18,2 % (2021) a 27,1 % (2023). Viendo la evolución de este registro a lo largo de los años, esta cifra se ubica en los niveles registrados entre los años 2016 (28,8 %) y 2017 (26,4 %).
“En el año 2023, el 27,1% de la población urbana de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo, mostrando un incremento muy altamente significativo respecto al año 2022 de 4,2 puntos porcentuales. Del mismo modo, en relación con el año 2019 (prepandemia), el porcentaje de esta población aumentó de manera no significativa en 0,5 punto porcentual”, se indica en el informe del INEI.
En la lista de los delitos incluidos en el término ‘hecho delictivo’, se encuentran: robo o intento de robo de vehículo automotor, autopartes del vehículo automotor, motocicleta/mototaxi, bicicleta, dinero, cartera, celular, etc.; amenazas e intimidaciones; maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar; ofensas sexuales; secuestro o intento de secuestro; extorsión o intento de extorsión; estafa; robo de negocio; entre otros.