La organización no gubernamental Provea denunció vigilancia estatal en Venezuela durante una concentración realizada en Caracas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, destacando la participación de civiles sin identificación y funcionarios policiales grabando y tomando fotografías de los asistentes.
Provea subrayó que la protesta pacífica no constituye un delito, sino un derecho fundamental consagrado en la Constitución venezolana y en tratados internacionales de derechos humanos.
La ONG expresó su preocupación por el uso de estas tácticas de intimidación, que buscan disuadir a los ciudadanos de ejercer su legítimo derecho a manifestarse.
