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El alcalde Herman Antonio Correa enfrenta una polémica denuncia por presuntamente ordenar el desalojo de dos canes callejeros, Hércules y Rodolfo, que por años encontraron refugio en las instalaciones de la Alcaldía de La Pintada. El controversial mandatario municipal habría prohibido además que se les brindara alimento dentro de las dependencias públicas.
Es por eso que, frente al posible caso de negligencia y maltrato animal en las cercanías de la alcaldía de La Pintada, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde Correa Bedoya información detallada sobre las acciones y medidas implementadas para garantizar la protección y el bienestar de los animales en el municipio.
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En ese sentido, el Ministerio Público realizó un requerimiento preventivo con el propósito de aclarar la situación y garantizar que el municipio cumpla con sus obligaciones tras las denuncias hechas por ciudadanos y difundidas por medios de comunicación.
Por lo anterior, el alcalde deberá presentar un informe ejecutivo que incluya, entre otros puntos, las campañas educativas y culturales orientadas a fomentar el cuidado de los animales, las medidas para garantizar espacios dedicados a su bienestar, los programas sobre tenencia responsable y los mecanismos para investigar y penalizar el maltrato animal.
El mandatario local tendrá que enviar al ente de control información sobre las mesas de trabajo con entidades pertinentes para mejorar la protección animal, así como los detalles de las jornadas de vacunación antirrábica y su cobertura en el municipio, especificando los nombres de los funcionarios responsables de los temas relacionados con los animales domésticos.
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El requerimiento de información enviado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, tiene como objetivo asegurar que el Municipio de La Pintada cumpla con sus responsabilidades en materia de protección animal y para mejorar las condiciones de vida de los animales en la región.
En cuanto al caso del presunto maltrato, en un video compartido en redes sociales se evidencia un incidente que tuvo lugar el domingo 8 de septiembre de 2024, cuando Delcy Yurany Montoya, exfuncionaria de la alcaldía de La Pintada y defensora de los animales, se dirigió a la sede de la administración municipal para alimentar a los perros.
Allí, el vigilante del lugar le notificó que, por orden del alcalde, los perros debían ser retirados y no se les permitiría regresar. La trabajadora expresó su indignación por la situación y calificó la medida como una evidente manifestación de maltrato animal.
El alcalde Herman Antonio Correa explicó que la decisión de desalojar a los perros se tomó debido a varios incidentes en los que los animales habían atacado a empleados y visitantes de la alcaldía, lo que provocó que la personería emitiera una alerta preventiva a la administración. Correa afirmó que su administración ha puesto en marcha diversos protocolos para garantizar el bienestar animal. Entre estas medidas, se incluye el establecimiento de contacto con diferentes albergues para promover la adopción de perros callejeros.
Asimismo, la entidad informó que, con el apoyo de diversas organizaciones y fundaciones animalistas, se ha destinado un total de 134,6 millones de pesos al bienestar animal en el municipio. A pesar de estas afirmaciones, las autoridades anunciaron que investigarán la situación para determinar responsabilidades.
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La situación causó tal indignación entre los empleados y los residentes del área que el caso llegó a la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, la cual intervino debido a las denuncias de maltrato animal. Esta entidad pidió a la Alcaldía de La Pintada un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para la protección y el bienestar de los animales en la zona.
La Gerencia de Bienestar Animal de Antioquia también se manifestó, pidiendo a la alcaldía que aclare cómo ha manejado esta situación. Además, se informó que funcionarios de la gobernación visitarán el municipio para verificar los hechos.
La polémica ha resaltado la ley 2054 de 2020, que establece la obligación de todos los municipios de proporcionar un espacio adecuado y seguro para los animales domésticos. Otros funcionarios se han basado en esta ley para demandar soluciones efectivas y humanitarias para los animales afectados.
