Tras la muerte bajo custodia del Estado del preso político Jesús Martínez Medina, de 36 años de edad, organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y partidos políticos de la oposición venezolana condenaron el fallecimiento ocurrido el jueves 14 de noviembre en el estado Anzoátegui.
«Su muerte es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la persecución política y de la falta de garantías a los derechos humanos», indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Martínez Medina fue detenido arbitrariamente el 29 de julio tras haber sido testigo opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Había sido recluido en una sede policial de Lechería, donde sufrió maltratos y se le negó recibir la atención médica que necesitaba para atender su diabetes tipo II.
Como consecuencia de la falta de atención médica, le salieron abscesos y se le infectó una pierna. Fue trasladado al hospital Luiz Razzetti de Barcelona, donde se mantuvo hasta que se confirmó su muerte.
Jesús Martínez Medina no recibió atención médica de forma oportuna
«Rechazamos la falta de atención médica oportuna que sufrió Jesús Martínez Medina durante su detención. Padecía de diabetes tipo II que le ocasionaba abscesos en la piel y deficiencias cardíacas, condiciones que se agravaron debido durante su prisión. La falta de atención médica adecuada es una violación flagrante a los derechos humanos a la salud y a la vida, y un acto de crueldad», señaló la ONG.
El exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien denunció en reiteradas ocasiones las condiciones de reclusión de Martínez Medida, señaló que «jamás debió estar preso, ser testigo de mesa no es un crimen. Le negaron todos sus derechos, incluyendo la atención médica básica lo condenaron a muerte».
«Fue perseguido y estigmatizado por el fiscal del horror Tarek Wiliam Saab que suma otra víctima a la larga lista que tiene en su haber, el juez que le negó el traslado tendrá que pagar este asesinato y el defensor público que no hizo gestiones a su favor también es responsable de esta atrocidad», añadió.
Por su parte, la presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, también señaló que desde hace días se estaba exigiendo atención médica especializada y urgente, ya que Jesús Matínez Medina tenía necrosis en las piernas por la diabetes que padecía, agravada por los maltratos sufridos, la falta de atención sanitaria y las condiciones inhumanas de la prisió.
Encuentro Ciudadano se pronunció al respecto: «Queremos reiterar la mención al artículo 43 de la Constitución, que hizo la presidente de nuestro partido (Delsa Solórzano) hace pocos días, refiriéndose justamente al caso de Jesús: ‘El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, sometidas a su autoridad en cualquier otra forma’”.
Primero Justicia añadió que «este joven solo estaba luchando por el retorno de la democracia en el país y murió injustamente bajo la custodia del régimen, sumándose a la lista de presos políticos que han muerto en sus manos y sin nadie que se haga responsable».
La líder opositora María Corina Machado también denunció el jueves que Jesús Manuel Medina Martínez murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo recluido en calabozos en el estado Anzoátegui.
En un comunicado, Machado expresó su profundo dolor por el fallecimiento del joven en manos del estado venezolano.
Describió a Martínez como un valiente venezolano que, además de padre, músico y compositor, era miembro de su partido -Vente Venezuela- y participó como testigo electoral en los comicios del 28 de julio.
«Un crimen más de Maduro y su régimen. Murió en sus manos, murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado. A Jesús se lo llevaron por ejercer un derecho y un deber ciudadano», dijo la exdiputada, quien se solidarizó con la familia del activista.
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