Decenas de organizaciones de derechos civiles y profesionales del derecho instaron a la ONU a que investigue y tome medidas de inmediato para frenar el envío a El Salvador de migrantes expulsados de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump paga a El Salvador para que encierre en una prisión de máxima seguridad donde presuntamente se cometen violaciones de los derechos humanos a migrantes que, según Washington, son delincuentes miembros de bandas como el Tren de Aragua o la MS-13.
El acuerdo entre Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es una «flagrante violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», escribieron en un carta enviada el martes grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) al jefe de la ONU, Antonio Guterres.
La misiva pide a las Naciones Unidas «tomar medidas inmediatas y significativas» e investigar «los términos del acuerdo y las condiciones de confinamiento» de los migrantes.
Los firmantes de la carta califican estas expulsiones como «violaciones internacionales de los derechos humanos».
La ACLU pidió antes a dos relatores especiales de la ONU para la protección de los derechos humanos que discutan este asunto de forma urgente con Estados Unidos y El Salvador.
Desde mediados de marzo, Washington ha expulsado a 288 migrantes, la gran mayoría venezolanos.
Bukele ofreció a Venezuela un intercambio de 252 venezolanos expulsados por Estados Unidos por un número igual de presos políticos retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió este mes a Trump ampararse en la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, para deportar a un grupo de migrantes sin el debido proceso.
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