Representantes legales acudieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) solicitando la liberación de los expolicías Rolando, Juan y Otoniel Guevara quienes fueron condenados en 2005 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
“Pedimos a esta Corte que condene y sancione al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos y exija la libertad inmediata e incondicional de Rolando, Otoniel y Juan Guevara, así como una reparación integral”, expresó Jackeline Sandoval, representante de la Fundación para el Debido Proceso y esposa de Rolando Guevara, durante la audiencia.
Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años de prisión por homicidio calificado con premeditación y alevosía, mientras que Juan Guevara recibió una condena de 30 años por el mismo delito, además del porte ilícito de armas. Actualmente, los tres siguen cumpliendo sus penas en prisión.
Los hermanos Guevara enfrentaron “declaraciones estigmatizantes” de altos funcionarios
Sandoval denunció que los hermanos Guevara han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, torturas y detenciones arbitrarias. También subrayó que el proceso penal estuvo marcado por “graves perturbaciones” como la contratación de “testigos pagados” para fortalecer las condenas, lo que representa un claro caso de “fraude procesal”.
Recordó que durante el juicio, los Guevara enfrentaron “declaraciones estigmatizantes” de altos funcionarios, incluido el entonces presidente Hugo Chávez. En el momento de su arresto, ya no eran policías activos y no tenían vínculos políticos con Chávez.
María del Pilar Gutiérrez, coordinadora de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que en noviembre de 2004, los Guevara fueron detenidos sin orden judicial y sometidos a torturas durante los interrogatorios relacionados con el atentado que resultó en la muerte del fiscal Anderson.
La denuncia contra el Estado sostiene que el proceso judicial ignoró el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ya que las condenas se basaron únicamente en los testimonios de dos testigos sin un análisis exhaustivo del resto de las pruebas.
Denuncian red de corrupción en el sistema judicial venezolano
Durante la audiencia, María Angélica Correa, quien compareció como testigo, llevó a cabo una investigación sobre el caso y descubrió un “engranaje” entre la Fiscalía, jueces, magistrados y agentes de inteligencia militar que elaboraron un “guion” para contratar testigos falsos.
Correa afirmó que esta maniobra permitió “ocultar a los verdaderos autores intelectuales” del crimen, quienes ocupaban posiciones elevadas en el poder, además recordó que los Guevara habían sido policías destacados antes del ascenso al poder de Hugo Chávez.
Entre las pruebas recolectadas por Correa se encuentra una entrevista con Giovanni Vázquez, un testigo clave que admitió haber sido pagado para declarar contra los Guevara.
Hernando Contreras, fiscal entre 2000 y 2008 involucrado en la investigación del asesinato del fiscal Anderson, también testificó ante la Corte-IDH, y denunció irregularidades y violaciones al derecho a la defensa durante todo el proceso judicial.
Contreras vive en el exilio tras sufrir represalias, acusaciones penales y amenazas contra su vida debido a sus denuncias sobre las irregularidades.
“Pude haber sido liquidado porque este régimen no perdona nada”, afirmó el exfiscal. A su vez, destacó que en Venezuela existe “un sistema de terror uno de los más eficaces y terribles del mundo”, lo cual ha contribuido a la prolongada permanencia del régimen en el poder.
En la audiencia el Estado venezolano no acreditó ningún representante, se espera que la Corte-IDH emita una fallo en los próximos meses.
Con información de Efe
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