La búsqueda de una solución a los conflictos armados de Colombia está pasando por un momento crucial. Ya ni la población indefensa ni los actores de los distintos procesos pacificadores iniciados por el gobierno tienen confianza en que Gustavo Petro es capaz de llevar la situación de la violencia nacional a un buen puerto.
El Jueves Santo un anuncio inesperado para todos fue el de la suspensión del cese al fuego del gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las FARC. Este, de todos los procesos de pacificación, es el más avanzado y por ello la noticia sorprendió hasta al propio comisionado de paz.
La decisión fue comunicada directamente a los jefes guerrilleros involucrados en el proceso, con la aclaratoria de que la misma no suspende la mesa de diálogos con esta fuerza guerrillera. Pero es clara en cuanto al hecho de que las órdenes de captura que pesaban sobre los representantes reconocidos ya no siguen suspendidas y que, por tanto, las partes involucradas tienen solo hasta este fin de semana para ubicarse en sitios desde donde puedan asumir su propia seguridad y protección.
Es cierto que el proceso de paz con las disidencias de las FARC envuelve a menos de la mitad de esta estructura armada y ya ello representa un escollo superlativo. Pero lo cierto es que la población de a pie se ve una vez más desprotegida por un gobierno que cambia de norte al son de los devaneos presidenciales.
Habían pasado apenas dos semanas desde que Gustavo Petro había anunciado una nueva estrategia de paz de acuerdo con la cual el sector oficial ya no le apostaría a las polémicas treguas armadas puestas en práctica hasta el presente. En lo sucesivo el accionar gubernamental se centraría en el desmantelamiento de la economía ilícita del narcotráfico y en el respeto a la población civil.
Hasta allí llega lo anunciado por el gobierno a través de un trino presidencial. No existe tal cosa como una estrategia formulada con metas y objetivos, tampoco hay una definición de instrumentos para alcanzar el propósito del desmantelamiento del cáncer del narcotráfico en el año que queda de gobierno.
Recordemos que nos referimos a 253.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Nos referimos también a 790 municipios del país en los que existe presencia de grupos armados irregulares al cabo de dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, con un pie de fuerza que supera los 20.000 alzados en armas. En síntesis, el proyecto estrella de la administración Petro ha cambiado de norte sin otra explicación que no sea que el gobierno se orientará en lo sucesivo hacia «la salvaguarda de la seguridad de los individuos».
Justamente es la seguridad de la población la que el gobierno paradójicamente pone de nuevo en peligro al decidir suspender las conversaciones y poner en tela de juicio sus resultados. La primera acción de alias Calarca, al frente del Comando Central de las Disidencias, fue la de enviar una advertencia grave a la población civil en la que se evidencia claramente que estos frentes reiniciarán acciones en contra de ella.
La decisión de la Casa de Nariño del Jueves Santo fue tomada sin consultas a las fuerzas vivas de los territorios involucrados, sin un análisis exhaustivo de las consecuencias humanitarias de desproteger a la sociedad y sin que ella forme parte de un esfuerzo político consistente que tienda a detener el accionar guerrillero y a impedir su connivencia con los delitos de la droga.
Conseguir la paz de Colombia requiere del entrelazamiento de un complejo concierto de voluntades en el que quien lleva la batuta del Estado tiene que tener particular sindéresis y tomar decisiones colegiadas muy delicadas y extremadamente difíciles de instrumentar. Allí no se le puede dar cabida a la irreflexión, a los caprichos o la improvisación. Y eso justamente es lo que está ocurriendo.
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