El Parlamento de Nicaragua aprobó este lunes una ley que anula las sanciones extranjeras emitidas contra la vicepresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, varios de sus hijos y unos 50 funcionarios de alto nivel del Estado.
La legislación, aunque no puede frenar el impacto de las sanciones fuera del país, pretende anular su alcance dentro de Nicaragua obligando a los bancos locales y otras instituciones a ignorarlas.
La llamada «Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», que amenaza con multas y cierre a las entidades que las apliquen en el país e incluso con cárcel a quienes las acaten, fue aprobada por unanimidad por los 91 diputados, todos del gobernante Frente Sandinista y aliados, después de que Ortega envió el proyecto al Parlamento la semana pasada.
Analistas críticos del gobierno sandinista han advertido que la ley complicará la situación del sistema financiero nicaragüense, ya que los bancos tendrían que desacatar las sanciones internacionales y reactivar las cuentas bancarias y transacciones financieras de los afectados.
La norma declara «nulas y sin efecto jurídico» en Nicaragua las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que de acuerdo con las autoridades nicaragüenses violen el derecho internacional.
Entre los sancionados figuran Murillo, varios de sus hijos y funcionarios de alto nivel del Estado nicaragüense.
Asimismo, la ley advierte que ninguna entidad o persona podrá suspender la provisión de bienes y servicios a individuos o empresas si el motivo de esta penalización son sanciones internacionales.
Quienes incumplan la nueva normativa enfrentarán multas y la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, además de «las responsabilidades penales que correspondan por el delito de traición a la patria», penado con la cárcel.
Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá han sancionado a unos 50 funcionarios del Estado, incluyendo a Murillo, jefes de la Policía y del Ejército, señalados por cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de abril de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según organismos humanitarios.
Además de funcionarios, hay una veintena de empresas vinculadas al gobierno nicaragüense que han sido sancionadas.
La «Ley de Protección» entrará en vigor a partir su publicación en el diario oficial, que se espera sea en los próximos días.
La nueva normativa sobre sanciones llega después de que el viernes el Parlamento de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que somete a los poderes del Estado al Ejecutivo, aumenta el control sobre los medios, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta, entre otras polémicas medidas.
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