El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, han reforzado su dominio total sobre el país tras la reciente aprobación de una reforma constitucional por parte del Parlamento.
Esta reforma establece que ambos compartirán el poder, con Ortega asumiendo el rol de presidente y Murillo como “copresidenta”, supervisando todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
La Asamblea Nacional comunicó a través de su cuenta de X que la reforma fue “aprobada en su totalidad en segunda legislatura”, lo que marca el último paso para que estas modificaciones entren en vigor. Esta alteración amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y eleva la posición de Murillo, quien ya ocupaba el cargo de vicepresidenta.
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— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) January 29, 2025
Ortega, quien tiene 79 años y fue exguerrillero durante la revolución sandinista en los años 80, ha mantenido el poder desde 2007. Sus adversarios lo acusan de instaurar una “dictadura familiar” junto a Murillo, de 73 años.
La reforma establece que los copresidentes ahora coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral” y de fiscalización, los cuales anteriormente eran considerados independientes según la Constitución. Además, Nicaragua es ahora clasificada como un Estado “revolucionario” y “socialista”, incorporando la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre sus símbolos patrios.
Reforma en Nicaragua: retrocesos en derechos y libertades
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” ante esta reforma, argumentando que “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en Nicaragua.
El abogado estadounidense Reed Brody comentó a la AFP que estos cambios representan “la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua (…) Ortega y Murillo han consagrado y consolidado su poder absoluto”.
Desde las protestas de 2018, que resultaron en 320 muertes según la ONU, Ortega y Murillo han intensificado su control sobre la sociedad nicaragüense. La reforma también establece que el Estado “vigilará” a los medios de comunicación y a la Iglesia para evitar que se alineen con “intereses extranjeros”. Además, se oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a quienes sean considerados “traidores a la patria”, una medida que ya ha sido aplicada a unos 450 críticos y opositores.
Entre las disposiciones controvertidas se incluye la creación de una “Policía Voluntaria”, compuesta por civiles, como un “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Desde mediados de enero, más de 15.000 civiles han sido juramentados como parte de esta policía antes incluso de la ratificación completa de la reforma.
Durante las protestas pasadas, hombres encapuchados y armados intervinieron para desmantelar barricadas levantadas por universitarios y controlar a los manifestantes. La Constitución original de 1987 ha sido modificada en varias ocasiones por diputados leales a Ortega, incluyendo cambios que permiten la reelección presidencial indefinida.
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